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Por mucho que se esfuercen los monárquicos en afirmar que las casas reales no son privilegiadas, los hechos los contradicen. En España, los escándalos en los que se han implicado reyes, reinas, princesas, príncipes, solo en los últimos días, muestran dos varas de medir. Una para los plebeyos y otra para la realeza.

En Suecia, Dinamarca, Mónaco, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña o España, encontramos a miembros de las realezas implicados en casos de corrupción, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, pederastia, consumo de drogas o violencia de género. Sea cual sea el delito, no vemos a nadie de la realeza sentado en el banquillo de los acusados sometido a la justicia.

La actual situación por la que pasa la infanta Cristina muestra ese doble rasero. Ningún poder del Estado, gobierno, legislativo o judicial, ponen en cuestión a la Corona. Existe un cordón de seguridad intraspasable. Solo que el mundo ahora está al tanto de los excesos de los monarcas. Gracias, internet.

En España, destaparon la olla sucia. Las sinvergüenzadas de la monarquía. Yernos, hijas, nueras, todos implicados en la bacanal de la corrupción. Sin embargo, los realistas pretenden tapar el descrédito.

La justicia es igual para todos, mintió Juan Carlos, aludiendo a la imputación de su yerno e hija. Nada más falso. Era una manera de salir del paso y cortar el alud de críticas por sus mismos excesos. Amantes, cacerías, cuentas secretas en Suiza, borracheras, “cállate, Chávez”.

Se comprueba lo afirmado. La infanta Cristina llega a declarar rodeada de fuertes medidas de seguridad. Helicópteros, policías acordonando el perímetro, francotiradores, calles cortadas. Un despliegue descomunal de fuerzas. Dentro del juzgado, se río del juez. A las preguntas respondió con lacónicos: no sé, no me consta, no lo conozco. Para eso se hubiera quedado en su casa. Todo muestra una falta de respeto a la justicia. Un insulto a la inteligencia. No olvidemos a sus abogados defensores encabezados por un Constituyente, amigo personal del rey, Miguel Roca, cuyos servicios se miden en miles de euros por hora.

Tienen otro rasero cuando se trata de juzgar a trabajadores, jubilados, profesores, estudiantes y mujeres que salen a las calles a protestar contra los recortes sociales en educación y salud, los despidos, los desahucios y las privatizaciones. Allí no hay contemplaciones. El fiscal pide penas de cárcel, inhabilitación. Se ceba contra los imputados.

El gobierno cambia las leyes, intimida, reprime y encarcela. Igualmente, si alguien no paga sus impuestos o comete fraude fiscal, el Ministerio de Hacienda procede sin dilación, solicita el embargo de bienes y propiedades. En el caso de la hija del rey, Hacienda mira para otro lado y cambia los informes para exculpar a la infanta. Acto que se ve recompensado por jornadas muy bien retribuidas.

Doble vara de medir que demuestra que mientras existan monarquías, institución obsoleta y régimen anacrónico, no habrá democracia. La revolución francesa viene a la memoria. Las monarquías actuaron poniendo a resguardo sus bienes, inventando fórmulas de compromiso y salvaron sus cuellos. No tratamos de reivindicar la guillotina, simplemente defender un ordenamiento democrático republicano.

Las monarquías deben pasar a la historia como una pesadilla de regímenes despóticos, personalistas y canallas. Mientras la imputación de la infanta Cristina evidencia que la Corona tuvo que mostrar los pañales. Jamás será declarada culpable.