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Las ocho de la mañana. El auditorio de la Corte en el primer acto jurídico para los nuevos abogados está atiborrado de mujeres y hombres, la mayoría jóvenes. Un murmullo ensordecedor rebotaba en las anchas y altas paredes de la nave, que no permitía sostener una conversación clara entre los casi mil asistentes, entre futuros abogados y testigos. La emoción es evidente en cada rostro de los nuevos profesionales, porque en ese momento no hay cabida para pensar en el desempleo que espera paciente en la salida de la Corte en la Carretera Norte.

“La calle está dura” se ha oído decir a los políticos en la Asamblea Nacional y por eso es que hay actuaciones muchas veces incomprensibles. ¿Cómo será entonces para quienes por primera vez van a talonear las calles y los pasillos de los juzgados en busca de clientes en el barullo del mercado de conflictos laborales, penales, civiles, o cualquier otra controversia? Los clientes regatean y pagan en planes de Paya Sosa. Para muchos el panorama es sombrío.

Un país que como El Salvador tiene más abogados que policías, donde el llamado impulso procesal ahora es más difícil y los juicios son orales y públicos y con plazos fatales. El escenario para tantos abogados es difuso.

La Oficialía Mayor –a cargo del doctor Enrique Molina– mueve con dinamismo un equipo que, desde meses atrás y meses posteriores, hace posible la juramentación de testigos de los nuevos abogados y notarios públicos, cuyos títulos ahora deberán entregarse a lo sumo en seis meses. Antes, tardaba de tres a cinco años, dos cuando menos. Primero la incorporación como abogado; meses o años después, la de notario. Ahora se piden ambas en una misma solicitud; en base a la Ley No. 78 de la Corte Suprema de Justicia, del 16 de abril del año 2013 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial (No.74) del 24 de abril de 2013, y la Ley No. 501, Ley de Carrera Judicial.

La nueva juramentación, el pasado 6 de febrero, primera del 2014, estuvo presidida por el magistrado Marvin Aguilar. Él dijo que en Nicaragua hay más de veinte mil abogados que por diversas razones litigan y otros no, unos cartulan y otros no. Hay quienes estudian solo para que les digan doctor, otros para tener colgados más diplomas en su casa u oficina y otros para engrosar su currículum. Pero el magistrado hizo énfasis en la honestidad, en el decoro, en el valor de la fe pública, porque año con año se sancionan y se suspenden a muchos abogados. En Centroamérica, tenemos superávit de estos profesionales del Derecho; contrario a las estadísticas deficitarias de médicos, ingenieros e informáticos, para citar solo algunas carreras.

Otra novedad jurídica es la de género. Así los nuevos títulos a partir de este año certificarán como abogada y notaria a la mujer, terminando con el monopolio masculino.

El interesado debe ser muy diligente en los trámites. Hay todavía atrasos burocráticos, pero ya sin la tediosa obtención de trece firmas, que por ley debía llevar un diploma que se obtenía años después. Ahora son más los atrasos que ocasiona el interesado, porque muchos no presentan bien su solicitud, otros no enmiendan inmediatamente aun cuando tienen apoyo en Oficialía Mayor, otros no saben hacerlo, se molestan y no regresan. Otros, por falta de dinero no llenan en tiempo y forma los requisitos.

Es cierto, muchos funcionarios de la Corte Suprema y del Complejo Judicial desconocen o no practican la “Ética del tiempo”, responsabilidad moral que debe tener todo administrador de la cosa pública, de dar soluciones rápidas a los servicios que le demandan. Lo contrario es una violación de los principios morales que exigen tomar decisiones oportunas. Tal actitud comienza desde poder ver a un funcionario y, en este sentido, hay que reconocer las acciones positivas y negativas.

Hace meses, sin cita alguna, pedí hablar con el doctor Rubén Montenegro “secretario de la Corte Suprema– y diez minutos después me recibió dando solución a mi demanda. Para algunos datos de este artículo solicité hablar con la doctora Yamilet Cárcamo, asesora de Oficialía Mayor, y me atendió cordialmente sin mucho trámite.

Contrario a estas diligencias positivas, en noviembre del año pasado, me presenté a la oficina de Relaciones Públicas del Complejo Judicial a solicitar apoyo, dejé mi nombre y el tema a tratar. En diciembre, volví a llegar y la asistente me dijo que debía pedir una cita, pues el director de la oficina se mantenía “ocupado en reuniones con los magistrados”. Van dos meses del nuevo año y la cita nunca se concretó. Hoy ya no la necesito, pues aún quedan funcionarios que valoran la ética del tiempo, incluyendo a la presidenta de la Corte Suprema; ahora solo basta su firma para los nuevos títulos de abogados, los que firma todos de una vez, no a cuenta gotas, según pude ver 200 de ellos en Oficialía Mayor.

 

*El autor es periodista.