Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

En su proyecto de establecer en Nicaragua un somocismo sin Somoza, el presidente Daniel Ortega no ha dudado, en los últimos meses, en prohibir partidos políticos de izquierda, centro y derecha, que tienen un solo punto común: estorbar su proceso de concentración arbitraria del poder, pues Ortega prepara una reforma constitucional para poder reelegirse y perpetuarse en el poder.

Controla completamente el Poder Judicial, de modo que sus jueces se dedican servilmente a perseguir a Ernesto Cardenal, revolucionario, poeta y sacerdote; a castigar artistas, revolucionarios también, como los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía; a cancelar programas de televisión que critican al régimen, como El 2 en la Nación; a enjuiciar directores de diarios y radios, todo en medio de una campaña de difamación e intimidación contra los periódicos independientes y los dirigentes de ONG. Cuando es necesario, Ortega manda fuerzas de choque para reprimir a macanazos las manifestaciones opositoras pacíficas.

Su última hazaña ha sido hostigar al periodista Carlos Fernando Chamorro, director del programa de televisión Esta Semana, del Canal 8, una emisión seguida por un amplio público por su independencia. Chamorro es también el presidente de la Fundación Cinco, que promueve investigaciones sobre cultura, democracia y comunicación, con fondos otorgados por organizaciones internacionales respetables, como lo es Oxfam. Sergio Ramírez, vicepresidente de Nicaragua en tiempo del sandinismo, ahora escritor, denuncia “un abuso arbitrario de la ley para aplicarla a los que no piensan como los que están gobernando. Esto es viejo en Nicaragua y pareciera que la rueda está girando hacia atrás”.

El domingo 16 de octubre, la Policía Nacional, dirigida por un juez, rompió en Managua las puertas de las pequeñas oficinas de Fundación Cinco para llevarse todo el material, correspondencia, archivos y estudios, además de las computadoras.

Sin explicar jamás cuál era el delito investigado, ni tomar las medidas necesarias para que el contenido de las computadoras no pueda ser falseado más adelante. La noche anterior, las fuerzas mal llamadas del orden habían hecho lo mismo en las oficinas del Movimiento Autónomo de las Mujeres y de otras 15 organizaciones de mujeres, derechos humanos, promoción del voto, etcétera… organizaciones legales y democráticas todas.

¿Por qué? En junio, Carlos Fernando Chamorro, hijo de aquel famoso Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director de La Prensa, asesinado en 1978 por los esbirros de Somoza, cometió el “error” imperdonable de demostrar por primera vez un gran caso de innegable corrupción en el gobierno de Ortega: un empresario había sido víctima de una millonaria extorsión por parte del partido presidencial. Quien resultó condenado fue el empresario (por calumnias, difamación, injurias) y el valiente diputado Alejandro Bolaños fue despojado ilegalmente de su curul por haber respaldado la denuncia.

Desde aquel momento, Daniel Ortega esperaba la hora de la venganza. Una intensa campaña contra Chamorro fue lanzada por la televisión y radios oficiales que controla la primera dama, Rosario Murillo, enemiga mortal del Movimiento Autónomo de Mujeres, alguna vez ayudado por Fundación Cinco… y por Oxfam.

Se trata de acabar con Chamorro, para que todos los periodistas se alineen con los movimientos ciudadanos y con la actividad de ONG internacionales que los apoyan. Lo que hizo el amigo Vladimir Vladimirovich Putin en Rusia. Conste que Dany y Vlad de comunistas no tienen nada: son déspotas y nada ilustrados. Oxfam había suscrito un convenio con la Fundación Cinco y con el Movimiento Autónomo de Mujeres, financiado por nueve gobiernos europeos: Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza. Pues, resulta que, en palabras de la primera dama, dicho convenio era “el fondo satánico” que repartía “los fondos del mal”. Gobernación acusó a Fundación Cinco, por lo tanto a Carlos Fernando Chamorro, de “triangulación y lavado de dinero” por haber suscrito el convenio; el caso pasó a la Fiscalía General, que decide las acciones penales en contra de los ciudadanos, y Chamorro ha sido sometido ya a un duro interrogatorio de varias horas.

El objetivo final va mucho más allá de un periodista independiente y estimable. Se trata de intimidar y callar a todos los inconformes y desmantelar todas las organizaciones independientes, después de cortar toda ayuda internacional. Hay que solidarizarse con Chamorro porque, igual que su padre, defiende la libertad contra el regreso de la dictadura.


*Profesor investigador del CIDE
jean.meyer@cide.edu
El Universal