Jorge Eduardo Arellano
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A pocos días del nueve de noviembre, es pertinente reflexionar sobre lo que está en juego en estas elecciones municipales.

En principio, se trata de 143 elecciones locales, en las que los ciudadanos están convocados a escoger al candidato que ofrezca el mejor programa y las soluciones más creíbles para los problemas de su municipio. Pero a diferencia de otras elecciones municipales este proceso se ha politizado al extremo, tanto por el efecto excluyente de la estrategia del gobierno, como por la respuesta de la oposición. Ambos están concentrados en los resultados de algunas plazas de gran resonancia nacional, como la capital, que por su naturaleza política y su peso en el electorado se asemeja más a una elección nacional.

El presidente Ortega ha puesto en evidencia la trascendencia que tiene para su gobierno esta elección al hacerse acompañar desde hace varios meses por su candidato en Managua, Alexis Argüello, en las principales actividades de gobierno. Y para despejar toda duda, el diputado Gustavo Porras proclamó el fin de semana que las municipales son una especie de plebiscito, en el que “el FSLN debe ganar en todos los municipios con más del 50% de los votos”, porque de este resultado depende su legitimidad para demandar el “cambio de sistema y modelo político”.

Si el resultado le es favorable --es decir, si el FSLN logra incrementar considerablemente su base electoral en relación a las municipales de 2004 y suma más Alcaldías a las que ya gobierna-- el gobierno intentará consolidar su proyecto con las reformas constitucionales, incluida la reelección presidencial. Pero si su caudal de votos no refleja mayor crecimiento y el FSLN pierde Managua y otras importantes plazas del Pacífico, la oposición reivindicará el resultado como un rechazo al proyecto autoritario de Ortega, obligando al Presidente a negociar, en primera instancia, con los liderazgos descontentos que ya existen dentro de su propio partido.

En la base de estos dos posibles resultados del agregado nacional de la votación, lo que se debate en los 143 municipios es si prevalece o no uno de los fundamentos de la democracia local: la autonomía municipal. La autonomía fue suprimida por la dictadura de Somoza en 1937, o sea, en la misma acta de nacimiento del régimen dinástico. Eso facilitó a los Somoza imponer un modelo político centralista en el que el poder se ejercía en los municipios por delegación del “hombre”, a través de los jefes políticos y los caciques locales, que administraban el clientelismo político.

Medio siglo después, la revolución sandinista restableció la autonomía municipal y así lo dejó consignado en la Constitución de 1987, de forma que el pluralismo, la democracia electoral y la autonomía municipal, se convirtieron en parte integral del legado democrático de la revolución. En 1988 se promulgó la ley de municipios, y después de 1990 a pesar de “los dieciséis anos de neoliberalismo”, se avanzó considerablemente en el perfeccionamiento institucional de la democracia local. Los resultados han sido enormemente beneficiosos para nuestra cultura política, para la gestión de gobierno, e incluso para el aprendizaje democrático del FSLN.

Sin embargo, esta conquista democrática que se expresa ahora en Ley de Participación Ciudadana, y en los Consejos de Desarrollo Municipal, está siendo amenazada por el modelo de los CPC que pretende imponer la cúpula del orteguismo en aquellas Alcaldías donde triunfe el FSLN.

Desde antes de la campaña electoral, durante el congreso del FSLN celebrado el 29 de febrero en Managua, la pareja presidencial le impuso a sus candidatos municipales un juramento, según el cual, de ganar se comprometen a seguir los dictados de los Consejos del Poder Ciudadano, pasando por encima de la voluntad ciudadana y de la autonomía municipal.

¿Y qué son los famosos CPC? Pues ni más ni menos que el mismo partido Frente Sandinista con otro nombre, ahora bajo el mando de la Sra. Murillo, en el que los secretarios políticos del FSLN actúan como jefes del CPC en todos los niveles, como lo ha explicado hasta la saciedad el alcalde de Managua y prominente miembro del FSLN, Dionisio Marenco.

De manera que aunque en algunos municipios el FSLN presenta candidatos de probada capacidad en la gestión municipal, como por ejemplo, Sadrach Zeledón, en Matagalpa, y Francisco Valenzuela, en Estelí, el problema estructural es que los futuros alcaldes y concejales estarían sometidos a los CPC, es decir, al partido, y a su vez, el partido sometido a la pareja Ortega-Murillo. En otras palabras, en nombre de la democracia directa, se intenta imponer un modelo que representa un retroceso al verticalismo y al centralismo, al hacer dependientes a las Alcaldías de los CPC (el partido) y su conexión con el gobierno central. Eso es lo que está en juego en estas elecciones: mantener la autonomía municipal, preservar el pluralismo, y los espacios de deliberación local y participación ciudadana, o permitir que se imponga un modelo político de ordeno y mando, en el que los CPC y las Alcaldías se convierten en una correa de transmisión para ejecutar las órdenes del gobierno central. A los ciudadanos se les quiere obligar a aceptar un trueque perverso: renunciar al pluralismo y la participación, a cambio de acceder a las prebendas gubernamentales a través de los CPC, a través de una relación clientelista.

El otro componente inseparable de este modelo es la confusión Estado-partido en el uso de los recursos públicos, en una clara invitación a la corrupción, por la falta de transparencia; un vicio de larga data en nuestra cultura nacional que empezó a resucitar con fuerza desde el primer día en que el presidente Ortega instaló la Casa Presidencial en la oficina de su partido FSLN.

Y en esta campaña electoral municipal, la fusión Estado-partido ha superado ya todos los límites imaginables, hasta convertirse en la norma oficial de un partido que apuesta todo su futuro político a la utilización masiva de los recursos públicos. El próximo diez de noviembre sabremos si esta millonaria campaña, abusando de los recursos públicos, le permitirá al FSLN captar a los votantes independientes y convertirse en una verdadera mayoría política, o si únicamente sirvió para retener a los votantes tradicionales de su propia clientela, que de antemano ya estaban convencidos.