Jorge Eduardo Arellano
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El derecho a participar en las elecciones nacionales, regionales y municipales, mediante el ejercicio de sufragio, está garantizado en nuestra Constitución Política para todos los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que hayan cumplido dieciséis años de edad.

Es concurriendo a las urnas electorales para depositar su voto, que es universal, igual, directo y secreto, que el pueblo ejerce el poder político y elige libremente a sus gobernantes.

Votar en las elecciones es un derecho ciudadano y también un deber cívico. Todo ciudadano o ciudadana responsable, que ame a su país y le preocupe su destino, está en el ineludible deber cívico de concurrir a su respectiva Junta Receptora de Votos, plenamente consciente de que su voto vale, su voto cuenta y, por lo mismo, decide sobre el rumbo de su municipio y del país.

Parafraseando el célebre cogito, ergo sum (“pienso, luego existo”) cartesiano, base del racionalismo moderno, podemos afirmar que en las democracias contemporáneas es válido decir: “Voto, luego existo”.

La participación en las elecciones es la manera de existir como ciudadano, es decir, como miembro activo y responsable de la “polis”, de la “cívitas”. Es también la forma de contribuir a la formulación de la voluntad política colectiva y dar así legitimidad a la autoridad de los gobernantes sujetos a elección.

La participación ciudadana organizada suele ser un indicador del nivel de consolidación y fortaleza democrática de una sociedad, a tal punto que en las naciones donde se dan altos índices de abstención en las elecciones y, en general, en la vida pública, puede afirmarse que en ellas la democracia es débil o anémica.

Estas reflexiones están ligadas a la inminencia de las elecciones municipales del próximo domingo, donde todos los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses debemos concurrir con nuestro voto a elegir las autoridades que tendrán a su cargo, en los próximos cuatro años, el gobierno municipal, que tanto se ciñe a la vida cotidiana del ciudadano.

Debemos asumir este reto con responsabilidad, participando maduramente en el proceso electoral, convencidos de que el abstencionismo no conduce a ninguna parte. Es simplemente una posición negativa, que nos margina de la decisión colectiva. Anular el voto es una tontería, porque equivale a abstenerse, significa echar el voto a la basura. Además, es una forma de favorecer al adversario.

Las elecciones municipales de este domingo 9 de noviembre revisten singular importancia, ya que no solo está en juego la agenda municipal, que de suyo es muy importante, sino también el uso que a los resultados pueda darle el partido gobernante. Si el F.S.L.N. gana en la mayoría de las municipalidades y, de manera particular en Managua, León, Granada, Chinandega, Matagalpa y Estelí, entre otros municipios, estaría tentado a proclamar que los resultados electorales deben verse como un voto de confianza al actual gobierno y una señal de conformidad con el rumbo que le ha venido dando al país. En cambio, una derrota contundente para los candidatos del FSLN quizás haga reflexionar a la cúpula gobernante sobre el cúmulo de errores que hasta ahora ha cometido en la conducción de la administración pública.

Pero hay más. Una arrolladora victoria del FSLN en las elecciones municipales podría conducir a un nuevo pacto político entre los caudillos del FSLN y el PLC, a propósito de nuevas reformas constitucionales entre las cuales, de seguro, aparecería la pretensión de permitir la reelección presidencial inmediata, a fin de propiciar la permanencia del actual Presidente por un período más, lo cual equivaldría a instalar en el país una dictadura.

La única manera de evitar que esa pretensión se transforme en realidad es construyendo, con el arma cívica del voto un muro de contención, votando por los candidatos que nos garanticen la sobrevivencia de la democracia, del Estado de derecho y la libertad.

Los ciudadanos deberían regresar, por la tarde, a las JRV para ver el resultado de las votaciones en su respectiva Junta, ya que, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley Electoral: “Los resultados del escrutinio deberán ser publicados mediante carteles por la Junta Receptora de Votos”.

Hay que estar atentos a esos resultados y exigir que se publiquen en la parte externa de la Junta Receptora de Votos.