Karlos Navarro
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Hace pocos días murió uno de los principales artífices de la transición española: Adolfo Suárez. Si realizamos un esquema de la transición española, podemos trazar dos períodos claramente definidos: el primero protagonizado por el gobierno de Arias Navarro, y, el segundo, por la aparición de Adolfo Suáarez, y la puesta en práctica de un amplio programa de reformas, que culmina con la celebración de elecciones generales el 15 de junio de 1977.

La reforma política de Suárez abarcó la legalización de los partidos políticos, la libertad sindical, la convocatoria de elecciones generales, regulación de la mismas, ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, derechos sindicales y derechos económicos y sociales y, finalmente, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, apertura de un “sui géneris” proceso constituyente.

Sin embargo, en este proceso de cambios existen peculiaridades que es necesario analizar. Lo primero que salta a la vista, y que es decisivo para superar la intolerancia, la confrontación en la España pos-Franco, es la existencia de un sector mayoritario de ciudadanos que no se sentían representados ni por el modelo continuista, ni por la oposición institucionalizada.

Esta mayoría deseaba un cambio sin riesgos, una reforma política que no hiciese peligrar su estatus socioeconómico, pero que al mismo tiempo integrara a España en la economía europea (vía Mercado Común) y la necesidad de mantener una sociedad dinámica y en expansión.

La Iglesia Católica jugó un papel fundamental, porque, después de la muerte de Franco, aprieta el acelerador en la demanda del reconocimiento de los derechos de las personas, en la afirmación de la particularidad étnica y cultural de algunos pueblos y en la exigencia de amnistía para los presos políticos.

Pero este esquema estaría incompleto, si no se mencionara que a la muerte de Franco el Estado español contaba con una fuerte administración pública, producto de un vasto movimiento en pro de la reforma administrativa realizada en los años cincuenta por una generación extraordinaria de administrativistas.

Este proceso político culminó exitosamente en 1977, cuando se firman los Pactos de la Moncloa, un acuerdo a tres bandas: Gobierno, empresariado y partidos-sindicatos.

En la década de los ochenta, los Pactos de la Moncloa generaron un clima de paz social, que se tradujo en descenso de la conflictividad y encauzamiento de las reivindicaciones laborales. Aparcando sus convicciones ideológicas, la clase obrera aceptó el sistema socioeconómico definido en la Constitución.