Jorge Eduardo Arellano
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Aunque hemos afirmado (y es demostrable) que los niveles de violencia propiamente electoral durante el año 2008, previo y durante la campaña municipal en Nicaragua, se han mantenido en el marco de las “tensiones normales” de eventos similares realizados en el país en los últimos tres lustros, es indudable que el proceso de discusión política, la ofensa, la especulación, incluso algunos excesos no generalizados de violencia física, profundizan contradicciones, abren heridas, incrementan temores y desconfianzas, sin llegarse a los extremos observados recientemente en algunos países del norte de Centroamérica.

Todavía falta mucho por avanzar en esta práctica electoral de reciente institucionalización. No sólo se requiere fortalecer al ente encargado de desarrollar los procesos electorales, sino la calidad y organización de los partidos políticos participantes en la contienda, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y principalmente la educación cívica de los ciudadanos(as) que con responsabilidad, tolerancia y respeto, puedan expresar su simpatía o antipatía ante las diversas opiniones partidarias y programas políticos. Esto es un asunto de cambios socioculturales sobre los cuales hay que seguir avanzando desde el proceso mismo de elección, pero después, lo más importante, es que las autoridades electas administren la comuna o los asuntos de su competencia desde la responsabilidad de servidores públicos, con transparencia, en función de los intereses comunes y no particulares, aunque favoreciendo a quienes son vulnerables y tradicionalmente excluidos por condiciones socioeconómicas.

El silencio electoral comienza el 5 de noviembre y el 9 los electores podrán depositar su voto en alguna de las 10 mil 785 JRV disponibles en los 146 municipios. Después comenzaremos a conocer los resultados. Desde ahora, a partir de distintas encuestas de opinión, sondeos y análisis académicos de organismos no gubernamentales, empresas encuestadoras e incluso de los partidos políticos, se formulan cálculos sobre los posibles resultados.

La verdad saldrá al final. Lo que hoy se tiene son estimaciones en un momento dado, hipotético y anterior a la elección, sobre la base de una intencionalidad no ejecutada y cuya materialización real será hasta el domingo 9.

Los estudios previos, promovidos con distintas motivaciones y valor estadístico, variada metodología y alcance, son insumo importante a considerar para prever e identificar “posibles escenarios” a presentarse en el país y que podrían generar disturbios que afecten la seguridad de las personas. Sobre estos análisis, además de la información de inteligencia que recoge la Policía y el Ejército, es posible modular consecuencias de interés a los órganos del orden público. Hay cosas perfectamente previsibles, con alto grado de probabilidad que ocurran y sobre las cuales es necesario que las autoridades gubernamentales, electorales y policiales, se dispongan oportunamente para prevenirlas y evitar escale en daños mayores.

Podemos especular responsablemente sobre cuatro posibles escenarios que puedan presentarse en los 146 municipios que participan en la elección actual:
1) El primero, y afortunadamente mayoritario, es que en el 80% de los municipios no se estima la existencia de tensiones de inconformidad o violencia; tal vez algunas disputas normales en algunas JRV que podrán ser resueltas por las autoridades con los procedimientos que la misma ley prevé.

Estos municipios son aquellos que hasta la fecha no han tenido hechos de agresión física y en los que se espera resulte vencedor en los comicios el partido político que tradicionalmente ha ganado con márgenes suficientes para confirmar su victoria. Es el caso de 115-120 municipios de Nicaragua.

2) El segundo escenario es un grupo de municipios en donde el candidato del partido que tradicionalmente ha ganado vuelva a vencer en la elección, pero con márgenes estrechos que pueden revertirse simplemente con impugnar o invalidar algunos votos o Juntas. Esto puede provocar tensiones en la vía pública y centros de votación.

3) El tercer escenario a considerar puede ocurrir en un pequeño grupo de municipios en donde el candidato del partido que tradicionalmente ha perdido gane con un margen estrecho, generando inconformidad entre los simpatizantes del otro grupo político que había obtenido esa plaza anteriormente. Los conflictos podrán suscribirse en algunos barrios, vías públicas o centros de votación.

4) La cuarta condición a valorar es aquella en donde el ganador sea de un partido distinto al que ha ganado en elecciones anteriores, y su victoria registre una mayoría significativa (mayor a cinco puntos porcentuales) con respecto a su cercano competidor. Esto puede derivar en piquetes de agitación y violencia en centros de votación, barrios y vías públicas.

Lo que se supone pueda pasar otorga una ventaja: se pueden establecer las previsiones oportunas para reducir riesgos, prevenir, administrar el conflicto con responsabilidad y prontitud. Desde nuestro punto de vista es importante y no me cabe duda que le Consejo Supremo Electoral, la Policía y el Ejército en lo que les competa, han elaborado sus análisis y medidas previas ante situaciones favorables o desfavorables para poder disponer medidas y acciones apropiadas. La situación óptima o deseable que todos aspiramos es que los ciudadanos, líderes políticos, miembros y fiscales de las Juntas, autoridades locales, generadores de opinión, etc. actúen con prudencia y no se origine ningún disturbio violento; que todos acepten con civismo los resultados y recurran, en el caso de inconformidad, ante las instancias competentes de acuerdo a la ley. Eso es ideal, no siempre posible.

En algunos casos, en panoramas complejos como los indicados en los incisos 2, 3 y 4, es probable que surjan mayores contradicciones y brotes explosivos; también contingencias imprevistas que puedan ser manipuladas por grupos políticos o delictivos para generar caos, porque “en río revuelto, ganancia de pescadores”.

Para evitar eso, o reducir sus riesgos, es recomendable lo siguiente:
a) Que la autoridad electoral en el nivel municipal, departamental y nacional, emita información inmediata, clara y precisa, con transparencia, evacue con prontitud quejas, impugnaciones, aclare dudas y salga al paso a las especulaciones tendenciosas.

b) Que los medios de comunicación informen con responsabilidad social, sin descalificar al árbitro, sin desconocer o anunciar anticipadamente los resultados; que contribuyan a calmar los ánimos, informar, orientar, abonar a la moderación, la tolerancia y el respeto mutuo.

c) Que los partidos políticos y líderes sean prudentes, esperen y respeten los resultados, no generen mayor incertidumbre, exijan sus derechos o demanden las aclaraciones respectivas en el marco de la ley.

d) Que los ciudadanos actuemos con serenidad, esperemos los resultados y celebremos la victoria con respeto a quienes han perdido, sin ofender ni denigrar; así como reconozcamos la derrota de nuestro candidato, y todos, comencemos a trabajar, dejando los ánimos sectarios de la campaña a un lado por el bienestar colectivo de la comunidad.

e) Que la Policía y el Ejército dispongan sus fuerzas y medios en el tendido territorial, priorizando grupos de reserva para atender eventualidades en los lugares posibles; monitoreen información de inteligencia y mantengan las coordinaciones inmediatas con las instancias electorales, partidarias y comunitarias para abordar con inmediatez los conflictos de orden público.

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