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En un lapso de 10 días ocurrieron tres situaciones que desde una óptica inocente, podrían calificarse como “accidentes”. Una tragedia minera en Turquía dejó un saldo de 301 trabajadores muertos; un vehículo escolar explota en Fundación, Colombia, calcinando a 31 infantes; y en Managua, un taller artesanal de pintura explota después de dos incendios previos en los últimos ocho meses.

Existe todavía la costumbre, absurda por cierto, que por desconocimiento se le siga llamando “accidentes” a las tragedias que son causadas por la temeridad, la irresponsabilidad y la inacción de las autoridades.

El diccionario define como accidente la acción involuntaria que causa daño a las personas o cosas, siendo entonces cierto que si en las tres situaciones anteriores las personas no tuviesen el conocimiento pleno de las consecuencias de sus acciones –o de sus omisiones–, podría llamársele justamente con ese eufemismo, que disfraza groseramente una excusa: “accidente”.

En los tres casos todas las personas que articularon la cadena de decisiones trágicas, sabían perfectamente las eventuales consecuencias de esos actos que desembocaron en muertes, lesiones y daños. Es por eso que la calidad de involuntariedad pierde toda validez para ser invocada, puesto que se sabía sobradamente los eventuales efectos graves, pero se mantuvo irresponsablemente la conducta peligrosa, sin que nadie dijera nada –con ausencia de intervención alguna de las autoridades–; la cadena de causación solamente siguió su curso, con las funestas consecuencias anteriormente descritas.

Aún en nuestro país, y por lo visto será para siempre, esgrimir el disparatado e insensato término de “accidente” tiene sus réditos legales, a diferencia de otras latitudes con ordenamientos jurídicos racionales en donde las conductas temerarias, peligrosas e irresponsables son agravantes puros de la responsabilidad. Sin embargo, en Nicaragua son absurdamente más que atenuantes: eximentes definitivos de culpabilidad para el responsable.

Recientemente en Estados Unidos se ha hecho famoso un juicio sobre una tragedia laboral, en donde el defensor insistía en referirse al caso como “accidente” durante el desarrollo del jurado, como un recurso para influir en los miembros, lo cual dio lugar a que la jueza le pidiera se abstuviera a exponer de ese modo la catástrofe, puesto que era precisamente lo que estaba por determinarse y que era una astuta forma de influir maliciosamente en el jurado.

Las preguntas fueron las mismas: ¿Se tenía un conocimiento pleno de las posibles consecuencias de ejecutar un trabajo sin seguridad? ¿Había anteriormente ocurrido situaciones lamentables? ¿Existían prácticas profesionales que debieron seguirse a cabalidad?

En todos los casos la respuesta fue positiva, por lo cual no sigamos llamando ni permitamos que se denomine “accidente” a bochornosas desviaciones y prácticas irresponsables toleradas estructuralmente, faltando el respeto a la inteligencia de las personas.