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El pasado miércoles 21 de mayo los obispos de Nicaragua presentaron al presidente Daniel Ortega, un extenso documento en el que expresan un conjunto de reflexiones sobre la situación social y política del país que sin duda alguna merecen un análisis objetivo y serio por provenir de los pastores de la Iglesia Católica.

El documento está dividido en seis grandes temas: la familia, la problemática social, derechos humanos, algunas situaciones en el vicariato apostólico de Bluefields, el trabajo de evangelización, algunas políticas del Gobierno y la institucionalidad. Trataré de referirme brevemente a cada uno de estos temas, porque no tengo mucho espacio.

No sé si los obispos tienen contradicciones conceptuales sobre lo que ellos denominan ideología de género, pero el gobierno del presidente Ortega ha enfocado sus esfuerzos precisamente en el tema de la familia, reivindicando el género femenino, históricamente vilipendiado y marginado. Este Gobierno, a diferencia de las administraciones anteriores, se ha caracterizado por legislar en favor de la familia nicaragüense, no solo aprobando un nuevo Código de la Familia, sino que enviando a la Asamblea Nacional una Ley de Equidad de Género que promueve la participación equitativa de la mujer en la vida política y social. Una prueba de que la mujer es un sujeto visible en este nuevo modelo de sociedad, es su incorporación al ejercicio del derecho político, siendo electa para importantes cargos públicos. En ese sentido, la Iglesia Católica también debería dar un gran paso de inclusión social al permitir que las mujeres pudieran optar al cargo de sacerdotisas.

Por otra parte, los obispos afirman –refiriéndose a la familia– que en algunos centros de salud están esterilizando a las mujeres y vendiendo anticonceptivos abortivos. No pretendo defender al Gobierno, pero lo más indicado hubiera sido que presentaran casos concretos de esos centros de salud o de funcionarios que estén involucrados en esas prácticas. Quiero recordarle a la Conferencia Episcopal que ellos mismos reconocen en su documento la posición categórica del Gobierno en respetar “la vida del no nacido, y reconocer el matrimonio como la unión que proviene del hombre y la mujer”. O tal vez, los obispos quisieran que en Nicaragua ocurriera lo que pasó recientemente en Costa Rica, cuando durante la toma de posesión del nuevo presidente desfiló un prominente miembro gay del nuevo gabinete en compañía de su esposo. Cosas veredes en la nación del sur.

Vayamos a otro tema. Me llama poderosamente la atención de que los obispos se refieran a la “falta de atención médica de calidad en los hospitales y la ausencia de medicamentos adecuados”. Tal vez vale la pena refrescarles la memoria. Durante la administración del expresidente Bolaños, se promovió el cobro diferenciado de la salud pública y basta revisar los diarios de la época, para comprobar las denuncias de la población sobre este acto de desigualdad social. Fue precisamente durante el gobierno del presidente Ortega que se ratificó la gratuidad en la salud pública como un derecho restituido.

En otra parte del documento, los religiosos expresan su preocupación por “el número de nicaragüenses, jóvenes y adultos que abandonan el país en búsqueda de empleo…”. Es meritorio señalar que los causantes de esta migración de nicaragüenses al exterior, son las políticas neoliberales ejecutadas por los gobiernos anteriores. No es a partir del 2007 que los nicaragüenses emigran a otros países. Es a partir de que los gobiernos liberales implementaron los famosos Planes de Reconversión de Ocupaciones, que dejaron en el desempleo a miles de familias.

Por último, quiero referirme al tema que considero como el toral para los señores obispos, me refiero a la institucionalidad del país. La primera propuesta que hacen es que el Gobierno convoque a un “Gran Diálogo Nacional”. ¿Qué se entiende por esto? Hasta el momento, el presidente Ortega se ha mantenido en un diálogo abierto, franco y transparente con el gran capital, con el sector empresarial, con los sindicatos obreros y cooperativas campesinas. Los resultados son más que evidentes. Si esto no es un diálogo nacional, entonces ¿qué entienden los señores obispos por diálogo?

La segunda propuesta es la de cambiar al Consejo Supremo Electoral y desmontar la Ley Electoral bajo la sutil amenaza de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2016. Esta propuesta jamás la había oído en boca de los líderes religiosos, pero parece que le quieren dar una ayudadita a la oposición en lo que no ha logrado ganar por la vía de las urnas.

No hay duda que el documento de los obispos es importante, pero debe leerse con la advertencia de estar ante un caso de “alzheimer episcopal”.