Jorge Eduardo Arellano
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Cayó el telón de las elecciones municipales. El domingo nueve de noviembre una buena parte de la población nicaragüense (se estima menor al 45%), desde tempranas horas de la mañana se dispuso ir a su Junta Receptora de Votos para votar por el partido político o candidato de su preferencia. La gran mayoría del pueblo (más del 55 %) se abstuvo de votar, asumiendo una actitud pasiva e indiferente. El factor que incidió en la conducta del elector fue el desencanto, desmotivación por falta de credibilidad que tiene el cuestionado modelo político que impera en el país.

Desde las primeras horas del día, en una buena cantidad de municipios afloraron denuncias contra las autoridades del Consejo Supremo Electoral, ya que muchos fiscales no pudieron ejercer su labor fiscalizadora. En el transcurso de las elecciones salieron al tapete que algunas JRV cerraron antes de las seis de la tarde, razón por la cual muchos ciudadanos se quedaron sin poder ejercer su derecho al voto.

No obstante, en casi todos los municipios, los electores mostraron civismo y disciplina y poco a poco fueron depositando su voto, sin que se presentaran mayores inconvenientes. La debacle inicia cuando el Consejo Supremo Electoral, en la persona del magistrado Roberto Rivas, acompañado sólo por el magistrado Emmet Lang, dieron a conocer resultados preliminares, según los cuales, de 146 municipios, el partido FSLN obtuvo 94 Alcaldías, el PLC 46; es decir, de acuerdo a estos datos el partido de gobierno resultó definitivamente vencedor en estos comicios, pues de 87 Alcaldías obtenidas en el año 2004, ahora incrementa su poder político en siete Alcaldías más, mientras que el PLC tuvo baja en varios municipios.

Como consecuencia de estos resultados la violencia política no se hizo esperar, puesto que Eduardo Montealegre, candidato del PLC para la Alcaldía de Managua, a través de los medios de comunicación social, abiertamente lanzó un llamado a sus simpatizantes para lanzarse a las calles para defender el voto, por la gallina de los huevos de oro, la Alcaldía de Managua, alegando que según sus actas de escrutinio él obtuvo un 51% de los votos, mientras que Alexis Argüello obtuvo el 46 %. El CSE informa todo lo contrario.

Ante ese llamado la violencia no se hizo esperar, produciéndose los primeros enfrentamientos callejeros en la capital y otras ciudades del país, en los cuales grupos fanatizados de ambas facciones políticas se enfrentaron a pedradas. Una turba supuestamente sandinistas quiso tomarse la sede del PLC en Managua, produciéndose la quema de un vehículo, daños a la propiedad pública; hubo heridos y lesionados, incluso hasta se habla de que hay muertos. En otras ciudades como León, Matagalpa, Rivas y Masaya, también hubo actos de violencia política.

La situación postelectoral que vive Nicaragua a nadie sorprende, pues estos comicios desde mucho antes que nacieran fueron criticados de falta de transparencia. Hubo voces de alerta, se vaticinó lo que pasaría por los meteorólogos políticos.

La primera señal la dio el Consejo Supremo Electoral, quien arbitrariamente decide cancelar la personería jurídica de los partidos MRS y Conservador; con ello el clima electoral se ensombreció con negros nubarrones, que presagiaron lo que ocurriría: se avecinaba una gran tormenta de inestabilidad política.

Ahora, en todo el país hay un torrencial e incontenible huracán, que está destrozando la poca credibilidad que tenía el CSE, quien es el responsable por una enorme ola de violencia que se vive. Hay rechazo y repudio nacional e internacional a las autoridades electorales.

No le bastó al CSE la ilegal cancelación de partidos políticos. En un arranque de arrogancia y prepotencia los magistrados deciden eliminar una costumbre que ya era ley en el proceso electoral nicaragüense, como lo es la Observación Electoral, pues no permiten la participación de los organismos de observación electoral nacional Ética y Transparencia e Ipade, OEA, Centro Carter y otros.

Pese a que dichos organismos por varios meses hacían gestión para que se les acreditara como observadores, en los Centros de Cómputos municipales, departamentales y nacionales, al final los magistrados liberales y sandinistas deciden declarar no observación electoral.

Nicaragua es un país que se ha caracterizado por no tener una tradición democrática; nuestra historia refleja que en materia de procesos electorales siempre ha estado marcada por los fraudes electorales. Así lo fue en los casi cincuenta años de dictadura somocista, donde el dictador de turno convocaba a elecciones en las que no se respetaba el voto popular. Así ocurrió en las elecciones presidenciales de 1947, donde ganó el candidato Enoc Aguado Farfán, del Partido Conservador, pero por fraude electoral se le dio el triunfo a Leonardo Argüello, del Partido Liberal Nacionalista.

Basado en estas experiencias, la oposición al gobierno sandinista en las elecciones nacionales del 25 de febrero de 1990 demandó y exigió que en los comicios generales hubiera observadores internacionales. De esta manera participaron el Centro Carter, con el ex presidente Jimmy Carter, la OEA y otras organizaciones. Bajo esas condiciones ganó las elecciones la oposición política, por lo cual el gobierno sandinista no tuvo otra salida que reconocer su derrota, pues en caso contrario la comunidad internacional no toleraría un fraude electoral. Luego, en las elecciones generales de 1996, en las que salió triunfador el partido PLC, se mantuvo la observación electoral. En las elecciones generales del año 2001 sale victorioso el candidato del PLC, Enrique Bolaños. Estos comicios fueron supervisados por la observación electoral. Para esta época surgen en el país organismos nacionales de observación que jugaron un importante papel.

Las elecciones nacionales de 2006 son ganadas por el candidato del FSLN, Daniel Ortega. En estos comicios la observación electoral nacional e internacional se mantuvo. Aun el organismo Ética y Transparencia, antes de que el CSE diera los resultados finales con su conteo rápido, dio como ganador al candidato del FSLN, avalando de legítimos los resultados. Por esta razón, dicho organismo fue objeto de fuertes críticas por parte de los otros partidos políticos.

Es importante destacar que en los comicios electorales municipales del año 2000 y 2004 siempre se mantuvo la observación nacional e internacional.

Entonces la pregunta obligada es: ¿por qué el actual gobierno orientó a los magistrados del CSE para que en estos comicios municipales no se tuviera observadores nacionales ni internacionales? Increíblemente los magistrados liberales en el CSE estuvieron totalmente de acuerdo con que no hubiera observadores electorales. Por ello surge la interrogante: ¿qué motivos tuvieron magistrados para cambiar una práctica transparente como la observación electoral? ¿Será que ambos partidos en sus cálculos políticos tuvieron el temor que otros partidos políticos, por ejemplo ALN, lograran un importante porcentaje electoral, con riegos de desplazamiento para el PLC y FSLN, y de esta manera ambos pudieran manipular los resultados sin tener que rendir cuentas a los molestos observadores?
Todo indica que el verdadero perdedor de estos comicios es el PLC, aunque los magistrados liberales no avalan los resultados electorales. Dice un refrán popular: “Lo que el vivo no hace al comienzo, el tonto lo hace al final”. En otras palabras, al PLC le salió el tiro por la culata, pues su socio político, el FSLN, se le fue arriba. Esto pasa siempre en sociedades gangsteriles y mafiosas, por tanto el berrinche que Eduardo Montealegre hace por la Alcaldía de Managua no tiene futuro, pues esa situación estaba fríamente calculada por los principales caudillos políticos de este país.


*Abogado y notario.