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Una de las constantes en la mayoría de anuncios de empleos son los requisitos discriminatorios relacionados con la edad. Para aquellos que experimentan la difícil tarea de buscar un puesto pasados ya los 35 años, descubrirán con angustia que ya son “viejos”, aunque estén en el pico más alto de sus capacidades y potencialidades, el cual de manera óptima y según la experticia médica, empieza en ese umbral y se proyecta incluso más allá de los 55.

Hoy se considera que una persona pasada de los 35 está prácticamente fuera del mercado laboral, no porque sea cierto lo que algunas empresas pretenden hacer creer que promueven las oportunidades para la “sangre joven”, supuestamente dinámica y diestra en tecnología, sino que obedece en su lógica elemental, al cínico ahorro de dinero que sí tendrían que pagar por remuneraciones decentes, además de contar con incondicionalidad permanente y disposición para trabajar sin un núcleo familiar que estorbe. No obstante, esa práctica conlleva el dejar de lado los vitales componentes de experiencia laboral y experiencia de vida, que son dos factores fundamentales que contribuyen al acervo y éxito de cualquier empresa.

Lo desafortunado de esta discriminación, es que es una práctica establecida y tolerada, siendo promovida diariamente sin intervención alguna, conducta que sería causa de regulación y segura acción penal en otros países.

Curiosamente, escudriñando la Constitución y el Código Penal, en Nicaragua no existe ninguna alusión específica a la discriminación por edad; si alguien considera que el artículo 315 Pn cuando señala “condición física”, alude al tema de la marginación por edad, sería un supuesto bastante heroico, pero sí se mencionan otros factores de exclusión sancionables, pero no aparece taxativamente esa condición, la cual es de hecho, la forma más patente y grosera con que se promociona mediáticamente. Lo mismo puede decirse del artículo 427 Pn que no hace alusión específica a esta terrible forma de segregación.

El artículo 428 Pn impone una sanción a quien públicamente promueva la realización de actos de discriminación del artículo precedente, lo cual es singular desde el punto de vista del sentido común, pero no se podría hablar de antinomia o contradicción entre los preceptos legales, porque simplemente no existen allí dos opuestos específicos.

La discriminación por edad no existe como delito penado, ni tampoco está contemplado taxativamente como cualidad tutelada en la Constitución. Su artículo 27, pasa por alto con desvergüenza ese factor entre el listado de las condiciones de igualdad, y no puede argumentarse extensivamente que sí lo incluye en la expresión “condición social”, siendo un reflejo de una escandalosa práctica que es tolerada sin el menor rubor, por las disfuncionales instituciones que hipócritamente proclaman proteger los cacareados, pero rentables derechos ciudadanos.