Francisco Javier Bautista Lara
  • Managua, Nicaragua |
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A pesar de nuestras dificultades, gozamos en Nicaragua de favorables condiciones de seguridad ciudadana en relación con nuestros vecinos, sin embargo, en 16 años (1998-2013), fallecieron por la violencia delictiva 1,286 mujeres (11.7%) y 9,700 varones, es decir, a casi 11,000 seres humanos se les truncó la vida. Preocupa nuestra realidad, aunque la cifra es menor a la del norte de Centroamérica. Después del incremento de homicidios (2004-2010), afortunadamente en los últimos tres años, la Región y Nicaragua registraron disminución de este grave delito.

De acuerdo con la tendencia, según la media estadística --indiferente y fatal--, en 2014 es posible pronosticar que 680 personas perderán la vida y 84 serán mujeres, un tercio de ellas, quizás 28, morirán a manos de sus compañeros o de sus excompañeros sentimentales. He ahí el problema que la sociedad y las instituciones debemos abordar: ¿Por qué hay personas que causan intencionalmente la muerte a sus semejantes? ¿Por qué un hombre mata a otro, por qué destruye la vida de una mujer, incluso de aquella con quien tiene o ha tenido una relación afectiva y procreado hijos? ¿Cómo reducir las dramáticas consecuencias de la violencia social, comunitaria y de género?

La Policía tiene el mejor registro estadístico; en sus anuarios establece “tipificaciones de delitos” que, dada la facultad policial, no son más que “apreciaciones administrativas”, por cuanto corresponde al fiscal tipificar para acusar, y, al judicial, resolver y sancionar a los autores del hecho punible, es allí donde finalmente se define la tipicidad delictiva y se confirma el hecho criminal.

Cuando laboraba en Investigación Criminal, varias veces discutimos la conveniencia que la Policía se limitara a registrar categorías genéricas de delitos, por ejemplo, “homicidios”, “robos”, etc., sin tipificar, porque podría caer en el error de “establecer un criterio erróneo” que no le compete, por cuanto su facultad es descubrir evidencias e identificar al autor de un delito. La decisión fue y sigue siendo que es conveniente para la Policía, para seguimiento y análisis, establecer “apreciaciones administrativas de la tipicidad delictiva”, aunque queda claro, que compete a fiscales y judiciales precisarlo. Es necesario generar registros interinstitucionales para confirmar cuál es el tipo penal.

El Código Penal (2007) en “Delito contra la vida” define homicidio, parricidio, asesinato, homicidio imprudente e inducción o auxilio al suicidio. A nivel mundial se asume como genérico: “homicidio”. La “Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres” (2012) tipificó el femicidio, que visibiliza un problema social y humano: la violencia de género que desemboca en la muerte de mujeres a manos de un hombre, a partir de las relaciones desiguales de poder. La Policía, según su “apreciación administrativa”, clasificó 25 y 48 feminicidios en 2012 y 2013. Aunque murieron 88 y 73 mujeres, en ambos años, cuántos acusaron los fiscales, cuantos sancionó el judicial?

La violencia contra mujeres no es nueva, es más visible ahora; pierden la vida 81 mujeres cada año; 27 muertas por sus compañeros o excompañeros de vida, con las consecuencias trágicas que implica. Ello obliga a abordarel problema con responsabilidad social e institucional y sensibilidad humana.