Edwin Sánchez
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El señor Bosco Vivas el jueves anterior exhortó al presidente Daniel Ortega a mantener un diálogo permanente con todos los sectores de la nación, para “evitar las tensiones provocadas” por los famosos CPC.

Sin embargo, Vivas no es el más idóneo para decirle al Presidente cómo debe actuar, porque él mismo se comporta como un dictador en León, al mandar a correr de una plaza pública a los evangélicos de la localidad. Entonces no se acordó del consejo que se atreve a decir al mandatario:  “El diálogo nunca es un camino malo ni un mal consejo”.

La Asociación de Pastores Evangélicos de León y el Ministerio de Toda Consolación, solicitaron los permisos necesarios para realizar frente a la catedral, una cruzada “de poder y milagros” durante tres días.

La Policía y la Alcaldía autorizaron que el evento se desarrollara en el área solicitada. Sin embargo, sólo el primer día fue posible hacerlo, porque el ciudadano Bosco Vivas, empleado de la Iglesia Católica con el cargo de obispo, dijo que “no soportaba los ruidos de los parlantes”.

Cómo creerle al señor Vivas que “urge un diálogo entre todos los nicaragüenses” y que es necesaria “la búsqueda de una auténtica reconciliación, anteponiendo intereses muy particulares”, si él mismo le echa la Policía y al alcalde a los ciudadanos  que profesan una religión distinta a la de él. ¿De qué reconciliación habla?

El presidente de la Alianza Evangélica de Nicaragua, Mauricio Fonseca, aseguró que los evangélicos leoneses, entre ellos el pastor Luis Manuel Medina, hicieron las gestiones pertinentes ante las autoridades civiles a como lo establece la ley.

“Pero el obispo no estaba de acuerdo que se celebrara”, dijo el presidente de la organización. Ante la queja del ciudadano Vivas, como si nuestro país dependiera de las estructuras eclesiásticas de una religión en particular, la Policía y la Alcaldía suspendieron el permiso y mandaron a los evangélicos a realizar su actividad casi a escondidas.

Esto ocurrió poco antes de que el Parlamento en pleno fuera a sesionar a la misma ciudad y a una iglesia católica para festejar el 150 aniversario de la Purísima, en tanto el actual gobernante orientaba el culto estatal a la imagen.

El artículo 14 de la Constitución dice, con claridad, que el Estado no cuenta con ninguna religión oficial. Tampoco declara, por ningún lado, que Nicaragua sea un Estado Pontificio. Por lo tanto, ni las autoridades de León deben comportarse como monaguillos del señor Vivas,  ni los legisladores ocupar el máximo foro del Estado para sus devociones personales ni el Presidente orientar, en contra de la Ley, que los fondos públicos se ocupen para fiestas religiosas.

La prohibición de Vivas a una actividad de un sector del pueblo viola el mismo Estado de Derecho, porque la Carta Magna regula que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y no hay ninguna letra menuda donde se exceptúe de este principio constitucional a los que utilizan para su trabajo una sotana, una camisa clerical y un báculo, y que además dan recomendaciones al Presidente que ni ellos mismos son capaces de practicar.

La discriminación de la que fueron víctimas los evangélicos de León por parte del señor Vivas no ocupó la merecida atención de los analistas, lo cual también revela que hay un interés desmedido en magnificar un hecho, si en el mismo está involucrado alguien del actual gobierno.

Si los CPC hubiesen cancelado la cruzada evangelística, todavía hoy estarían sonando los petardos mediáticos. Esto nos lleva a pensar que en Nicaragua la defensa del Estado de Derecho se plantea dependiendo de los apellidos que estén en juego, la religión y el gobernante de turno.

El punto aquí no es que sólo cuando San CPC  agite la Gritería con fondos del Estado se debe elevar nuestra calculada protesta, sino que es obligación de todo nicaragüense rechazar aquellos actos atentatorios contra la máxima Ley de la República, sea quien sea el abusador: Ortega, Montealegre o Vivas.

Los evangélicos no pueden ser considerados como ciudadanos de tercera categoría. Tantos derechos tienen ellos como el señor Vivas quien dice que el gobierno debe poner “como centro de interés el bien de los nicaragüenses que están en situaciones más necesitadas”.

¿No es parte del bien de los nicaragüenses que el ciudadano Vivas aprenda a respetar primero la Constitución y no ver por encima de su sotana al resto de lo que no creen en su piedad?