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La base material del desarrollo de Nicaragua está en sus recursos naturales. Los recursos naturales que están en el sector primario de la economía (agricultura, ganadería, pesca, minas y bosques) generaron el 18.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013. Sin embargo, si se toma en cuenta que otros sectores también dependen del medio ambiente, como la industria manufacturera, cuya materia prima viene en su casi totalidad de la naturaleza, la electricidad generada por fuentes renovables y el turismo, que depende del mantenimiento de la belleza natural de los sitios turísticos, en realidad el aporte de la naturaleza a la economía nacional es mucho mayor.

Ante un panorama como el descrito, un actor que puede llegar a ser importante para el desarrollo sostenible es la banca. Normalmente el capital para la conservación ambiental proviene de tres fuentes: cooperación internacional, presupuesto de Gobierno y el esfuerzo propio de empresas e individuos interesados, pero existe una cuarta fuente hasta ahora ignorada que puede tener tanto impacto como las tres fuentes antes descritas. Se trata del crédito bancario. Solo en 2013, según el Banco Central de Nicaragua, el crédito otorgado por la banca regulada fue de 3,275 millones de dólares, igual al 29.1% del PIB nacional.

No se pretende ahora que el crédito se vuelva verde. No hay condiciones y tampoco es necesario que se haga para cada caso, pero si cierto porcentaje del flujo actual de financiamiento se otorgara bajo criterios de sostenibilidad y análisis de riesgo ambiental, su efecto podría ser muy útil para la conservación ambiental y la economía. El medio ambiente representa oportunidades y amenazas para las entidades financieras que no puede ser ignorado.

En Nicaragua, tres bancos privados y el estatal Banco Produzcamos han iniciado acciones por integrar el medio ambiente en su gestión de negocios. Esto es positivo, pero la experiencia a nivel internacional muestra que los mayores éxitos de articulación entre medio ambiente y finanzas ocurren cuando se establecen alianzas entre el Gobierno y el sector bancario. Un buen ejemplo de esto son los llamados Protocolos Verdes creados en Brasil y Colombia, en 2009 y 2012 respectivamente.

Se trata de foros voluntarios en que se establecen estrategias en las que cada firmante, Gobierno nacional y bancos, se comprometen a determinados compromisos que impulsan el desarrollo sostenible. Estos protocolos incluyen el fomento de líneas de crédito y/o inversión que contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales. También integran los impactos y los costos ambientales en la gestión de activos, análisis de riesgo de crédito e inversión, consumo ambientalmente responsable y divulgación.

Los bancos participantes en los Protocolos Verdes incluyen algunos de los mayores bancos de América Latina. En Colombia participan 16 bancos, entre ellos, los tres principales bancos del país: Bancolombia, De Bogotá y Davivienda. En el caso de Brasil, participan pesos pesados de gran renombre: el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Itau Unibanco, Bradesco, Santander y Caixa Económica Federal, que ocupan los cinco primeros lugares en la lista de mayores bancos por tamaño de activos de Latinoamérica.

Una alianza entre los bancos nacionales y el Gobierno, para iniciar paulatinamente acciones en pro del desarrollo de la conservación ambiental, puede ayudar a reducir el impacto económico y social de la destrucción del medio ambiente. Nuestro país necesita prevenir y reducir el daño a nuestro medio ambiente, no solo con el uso de medidas legales, normativas y de planificación, sino también con el uso de instrumentos económicos como el crédito y los servicios financieros.

 

alvarofonsecazamora@yahoo.es