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Las proyecciones económicas establecidas en el Presupuesto General de la República 2014 se han desplomado. La economía entró en desaceleración. Son varios los factores que han influido: por una parte, el desplome de los precios internacionales de los productos de exportación, luego está la roya que afectó al café, que tuvo como consecuente la caída de la producción, y para remate, se vino la sequía ocasionada por el fenómeno climático El Niño. Hay riesgo de hambruna.

La difícil coyuntura está obligando al Gobierno de Nicaragua a revisar el Presupuesto General de la República 2014, cuyo gasto supera los 52 mil millones de córdobas, y la proyección de crecimiento económico para este año (estipulado entre 3 y 4%). Los primeros seis meses de 2014, la recaudación de impuestos bajó. Esto obliga al poder ejecutivo a reducir el gasto público en por lo menos 3 mil millones de córdobas, con lo que se afectarán proyectos sociales y las instituciones estatales recibirán menos dinero de lo solicitado.

El problema de nuestra economía es que no es una economía en vías de desarrollo, donde los volúmenes de producción se incrementen año con año, con lo cual se podría paliar la baja de los precios en el mercado internacional. Lo que tenemos es una economía de sobrevivencia. El clima actual no permitió el aumento de las áreas de siembras y de las actuales se espera menos de lo proyectado.

El Gobierno debe pensar en estrategias de ahorro. Sería paradójico que en un país con problemas como los que tenemos ahora, algunos se quieran dar lujos de países de primer mundo, como pagar elevados salarios a funcionarios públicos y despilfarrar en gastos como las entregas de combustibles, de las que –muchas veces se conoce– se abusa irracionalmente. Hay que reducir la burocracia estatal. En los últimos años, pasamos de poco más de 90 mil empleados a más de 150 mil.

Uno de los poderes del Estado donde aumentó en forma alarmante la burocracia es en el poder judicial. Este poder del Estado antes tenía unos tres mil trabajadores, pero ahora tiene el doble. Se crearon nuevos cargos judiciales y en vez de aumentar las funciones racionalmente, aumentó el personal. Para citar algunos ejemplos: ahora hay jueces de audiencia, de juicio, de violencia, de secuestro y embargo, de certificaciones, de familia y laboral. A ello, se debe agregar los jueces civiles de distrito y local, juzgados locales penales; se creó Ordice y aumentó el número de magistrados de los tribunales de apelaciones en más de un 100%. También agréguele que los salarios en el poder judicial son los mejores del Estado.

Las amenazas en nuestra economía obligan al Gobierno a adoptar una política de austeridad y reducción de gastos, porque no es posible mantener los lujos del pasado. Es recomendable revisar las cuotas de combustibles asignadas, la compra de vehículos nuevos innecesarios a veces y, por supuesto, los altos salarios.

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