Jorge Eduardo Arellano
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Cuando el gobierno actual ideó este nombre para patentarlo como imagen turística del país, nunca imaginó (o quizás si) con qué realismo estaría expresando la situación política actual. La historia de Nicaragua -marcada sin duda por la excepcionalidad-, se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de instituciones, impunidad y abusos de poder que han dejado como resultado dictaduras, una revolución y varias guerras civiles. Ratificada nuevamente en la actual coyuntura, esta historia pone hoy al país al borde del abismo por el comportamiento irresponsable de los actores políticos y su tentativa de construir un sistema de poder que pretende basarse en la fuerza y la exclusión total del adversario. Tentativa que en los últimos años ha ido acumulando con extraordinaria celeridad, hechos encaminados a la consolidación de esa concepción absoluta del poder. En esas condiciones, las que deberían haber sido unas rutinarias elecciones municipales, terminaron siendo un desesperado intento por parte del gobierno para consolidar el poder, mientras que para la oposición – de diversas características, pero empujada a unirse bajo la bandera del mejor aliado político del FSLN en los últimos años- la posibilidad de frenarlo.

En ese sentido, aunque los medios internacionales narren los hechos en Nicaragua desde la clásica interpretación de partidos en batalla electoral, lo que está en juego en el país es la posibilidad de construir legitimidad política a través de las elecciones. Algo crucial en una sociedad post-conflicto. Pues incluso a pesar del deterioro sufrido por las instituciones en los últimos diez años producto del pacto entre las cúpulas del sandinismo y el liberalismo, las elecciones quedaban como el último recurso para permitir la alternancia en el poder. Dado que las elecciones no sólo deben ser organizadas y legales, sino además reconocidas como legítimas, el desafío suplementario que sobre ellas pesaba las hacía cruciales.

Sin embargo, el enorme descrédito del Consejo Supremo Electoral debido a su comportamiento partidista, así como a las anomalías ocurridas antes, durante y después de las elecciones, ha dado paso a un peligroso escenario constituido por el rechazo de los resultados electorales y el despliegue de la violencia en las calles. En este sentido, las elecciones municipales se han convertido en una encrucijada que pone al país cerca de la ruptura de algunos consensos básicos que se habían intentado preservar para la convivencia pacífica.

Hay que decir que la actual coyuntura es principalmente el desenlace de una historia de corrupción institucional organizada conscientemente, por el hoy presidente Daniel Ortega y por el ex presidente Arnoldo Alemán, que impidió la creación de pesos y contrapesos institucionales y el surgimiento de fuerzas políticas que pudieran ejercer el papel de crítica, oposición y renovación. En medio de la pobreza acumulada de Nicaragua, la descomposición de las instituciones significa nada más y nada menos que la inviabilidad de un país en el que naufraga el enorme esfuerzo realizado por salir del conflicto civil que vivió Nicaragua apenas 18 años atrás. La inmensa fragilidad expuesta en estas elecciones, no sólo al interior del país sino también frente al mundo, indica que la vieja historia volverá a repetirse: la incapacidad de organizar algún consenso terminará expuesta a la buena voluntad internacional para amortiguar el enfrentamiento. Un enfrentamiento que ya empezó y ha dejado varios heridos y nuevas interrogantes sobre el futuro.

Por la hiperpolitización de la lucha por el poder entre las dos facciones y sus posibles futuras negociaciones, queda claro que ambas han reemplazado cualquier consciencia de nación por el rédito partidario. Mientras tanto, la población está entrampada en un escenario formado por la ausencia de instituciones estatales independientes que puedan salir a su defensa, garanticen resultados transparentes y tomen las medidas necesarias para evitar la violencia y salir de la crisis.

Ante la gravedad del momento político actual, no está de más recordar que dicha descomposición institucional se llevó a cabo a vista y paciencia de todos los actores. Nadie puede decir que desconoce lo que ocurrió. Las pocas voces que desde el inicio alertaron sobre las consecuencias de la debacle institucional a raíz del pacto entre Ortega y Alemán, no fueron escuchadas, lo que demuestra la pasividad (sino complicidad) de partidos políticos, iglesias y hasta organizaciones que cooperan con el país.

No hay que perder de vista pues, que el controvertido proceso electoral, termina por deslegitimar el único recurso político que le quedaba a Nicaragua para dirimir sus conflictos en paz y con estándares mínimos de democracia. Nadie quisiera augurar la crónica de una muerte anunciada, como es el caso de los países catalogados como no viables, pero quizás Nicaragua esté hoy más cerca de ese punto.

*Máster en Estudios Latinoamericanos