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Apoyo el pronunciamiento del Ejecutivo para atender este tema cuyo último episodio ha costado la vida a siete buscadores artesanales, quienes han sido dejados a su muerte —perdón, quise decir a su suerte— luego de infructuosos intentos de rescate en un yacimiento de alta peligrosidad, para evitar un percance de mayores proporciones. Vaya ancestral paradoja que quienes andaban buscando la vida hayan encontrado precisamente su opuesto.

Más allá de la buena fe y de las mejores intenciones, debemos tener en cuenta que cualquier regulación debe tener una estructura que garantice efectividad, y que no sea otro papel mojado como otras leyes, cuya capacidad de corregir situaciones específicas es nula, y más bien, las han agravado notoriamente.

Los ejemplos son para vitrina: Código de la Niñez y la Adolescencia; Ley 431 —con las reformas vigentes y las que estén por llegar en este siglo—; la 779, que ha tenido que reglamentarse y todo indica que será reformada, ya que sus efectos han sido “regresivos” (entiéndase: ha incrementado notoriamente las situaciones exactas que pretendía disminuir, amén de otros daños colaterales archiconocidos); la Ley 618, de Higiene y Seguridad del Trabajo, que siendo una normativa de avanzada, su impacto en disminuir las fatalidades laborales sigue siendo una tentación.

Es necesario aprender de experiencias donde haya un desarrollo minero más robusto: Perú, Chile, Colombia, para estudiar regulaciones y prácticas de mayor utilidad, para así evaluar qué podemos aprender y decidir adaptar seriamente.

Las regulaciones nuevas en sí mismas no serán nada, se debe destinar presupuesto, recursos técnicos verdaderos y evitar asignar operadores políticos que no son capaces de dar malas noticias, o de señalar sin miedo lo que haya que cambiarse. Las empresas compradoras deben aportar los necesarios recursos frescos para la gestión preventiva, y que su lucrativa actividad produce astronómicamente.

Presidente: usted debería haber ya convocado de emergencia a un encuentro con el gremio minero para diagnosticar la situación, y diseñar una hoja de ruta que lleve prontamente la industria a un nivel 2.0 de seguridad. Esto es un imperativo legal y moral.

El problema de siempre es que no se articulan planteamientos con soluciones integrales y aparejadas de recursos necesarios —no los que se piensen antojadizamente—, sino que se improvisa, se parcha tanto que ya no se ve el vestido; se asume que basta discutir politiqueramente los temas complejos para resolverlos, y que las producciones que finalmente salen etiquetadas como leyes conllevan mágicamente soluciones eficaces; siendo en verdad meros engendros por los tira y encoge de poderosos intereses en juego, sin criterios técnicos; los perversos toma y daca de siempre, donde la efectividad de la protección del bien jurídico seguirá siendo una farsa.