Jorge Eduardo Arellano
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La violencia en Nicaragua ha sido históricamente un mal que nos aterra desde sus orígenes como nación. Construir una cultura de paz pareciera una misión difícil, en cambio provocar la violencia ha sido una tarea fácil en todas las esferas: la familia, las instituciones del Estado y la sociedad.

¿Qué hace posible disparar esos resortes de la violencia? Sin ir muy largo, las guerras intestinas que se generaron en los 70 y 80 enlutaron a más de 100,000 familias. En el seno familiar o muy próximo al mismo hay una persona muerta porque fue a la guerra abrazando determinados ideales o fue forzado, o asesinado por razones políticas. El duelo no se ha sanado, son muchos los que cargan con ese dolor profundo de la partida de un ser querido y señalan a los culpables del drama familiar ante sus vástagos.

En una sociedad dominada por el machismo parece prevalecer la fuerza más que la razón. La violencia intrafamiliar y los femenicidios están a la orden del día, y por supuesto, un modelo de crianza basado en el abuso, la falta de afecto, el castigo corporal y psicológico y el abandono hacen, en general, de muchos hogares un mundo de ansiedad, insatisfacción y de contradicciones.

En Nicaragua predomina un modelo autocrático de sociedad, el cual se refleja en las instituciones del Estado, con sus excepciones. La imposición está a la orden del día para negociar con el otro en detrimento del consenso.

Muchos políticos han exaltado y abanderado la cultura de la confrontación, de la búsqueda incondicional del sometimiento de sus subordinados, despertando el odio de clases por diferencias políticas o ideológicas entre sus partidarios, con el consiguiente brote de violencia en las calles, amparados en el poder para llevar el terror hasta el seno familiar, asesinando a periodistas, decapitando partidos políticos y creando un sentimiento de incertidumbre a nivel de toda la sociedad al cerrar las puertas de los mecanismos institucionales para defenderse de los atropellos. Y a no dejar otro camino que la violencia.

Se enjuicia a CINCO y al Movimiento Autónomo de Mujeres sin que hayan cometido delito alguno. Se reviven causas ya juzgadas, como el caso del Poeta Cardenal. Se le quita la diputación a Bolaños por denunciar la corrupción, se amenaza y difama a familiares de personalidades nicaragüenses, como los Mejía Godoy y Tijerino.

En este contexto, es difícil construir una cultura de paz sin el respeto a los derechos de cada persona, si las instituciones responden a motivaciones políticas y no al mandato para el cual fueron creadas y sin la observancia del debido proceso.

Ante esta situación los políticos en general y el presidente Ortega, en particular, tienen la obligación moral y la responsabilidad histórica de cambiar el curso de una posible confrontación que se degenere en una guerra, cuyos resultados en la generación anterior tuvieron como corolario la destrucción de las familias nicaragüenses.

El presidente Ortega y su esposa, por lo que representan y por el poder que manejan, deben reflexionar en lo que digan o hagan, por las repercusiones positivas o negativas que puedan tener en todo el tejido social nicaragüense. Si hablan de paz y reconciliación, que lo demuestren con hechos. Carlos Fernando, Carlos Mejía, el padre Cardenal y Sofía, entre otros, fueron incondicionales a la Revolución, y lo menos que le deben es respeto. Por la memoria de los que dieron sus vidas por construir una sociedad sin perseguidos políticos, con irrestricta libertad de expresión y organización, sin pobreza, con justicia, desarrollo y democracia, requisitos básicos para una paz duradera, el presidente Ortega está obligado a cumplir con ese mandato.

De nuestra parte, como ciudadanos nicaragüenses trabajemos para que nuestros hijos no reediten el sacrificio innecesario de inmolarse por intereses mezquinos. Luchemos cotidianamente para liberar el duelo, crear un clima de confianza y de una verdadera reconciliación en nuestros hogares, escuelas, lugares de trabajo, con el respeto al otro. Para los que militan en un partido político, que presionen a sus dirigentes para que se construya una verdadera democracia a lo interno y un sentido de tolerancia con los otros partidos políticos y, que a su vez, la misma se irradie en las estructuras estatales en colaboraciones mutuas en la búsqueda de una agenda de consenso nacional independientemente de colores políticos y clases sociales.