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Las justas protestas de pobladores de Santo Domingo Piche, de Potosí, y de Tolesmayda, en Buenos Aires, ambos en el departamento de Rivas, han ido subiendo de tono, al extremo de que varios dueños les negaron la entrada a los encuestadores chinos y locales, y hasta han llegado a afirmar en público que jamás entregarán sus propiedades. Esta es una situación que podría remediarse con una reforma a la ley canalera.

Es un contrasentido que los funcionarios de Gobierno, principalmente el vocero para asuntos del Canal, licenciado Telémaco Talavera, estén tratando de calmar a la población de las áreas por donde dicen que pasarán los barcos, y se harán obras complementarias, diciéndoles que les pagarán un precio justo, cuando la ley establece que será el precio catastral, o el precio de mercado, pero solo cuando éste sea por debajo del primero. Es decir, afirman algo contrario a lo estipulado en la “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, o Ley 840”. Violan la ley, la irrespetan.

El primer absurdo es que la Ley 840 consigne algo que va en contra de la realidad, porque los precios de mercado de los bienes inmuebles, salvo casos excepcionales, siempre tienen un valor superior al catastral, porque éste se estipula de acuerdo a parámetros diferentes de los de las leyes de la oferta y la demanda. Aun cuando el Estado realice actualizaciones de los precios catastrales, estos siempre quedan debajo del precio de mercado, que avanza con mayor rapidez.

Haberle concedido al empresario chino Wang Jing la facultad de pagar los bienes expropiados al valor catastral, que muchas veces es irrisorio, fue una traición a los dueños que serían afectados, una decisión tomada a espaldas de ellos, y en contra de los intereses de ellos, que son conciudadanos a quienes el Estado debería proteger. Y más bien ocurrió lo contrario.

El inciso f) del Artículo 12 de la Ley 840, establece de manera categórica: “La Indemnización por Expropiación será equivalente al valor catastral de la correspondiente Propiedad Requerida,…”. En el mismo inciso, agrega: “Sin embargo, se aplicará como valor de la Indemnización por Expropiación el Valor Justo de Mercado de dicha Propiedad Requerida a la fecha de esta Ley, si este valor fuere inferior al valor catastral,…”.

Los funcionarios estatales deben apegarse a la ley, y velar por su estricto cumplimiento, y no como está sucediendo, que se desentienden, la hacen a un lado, la ignoran, y en contra de ella, violándola, ofrecen pagar “precios justos de mercado”. Es como que se hayan puesto de acuerdo para montar una operación de desprestigio de la ley y el orden. Están promoviendo actuar de hecho, y no de derecho.

Para no caer en esa aberrante situación de violación a la ley, y de promoción del irrespeto al orden jurídico, si fuera cierto que pagarán el verdadero valor de los bienes a expropiar, entonces deberían reformar la Ley 840, que es al fin y al cabo lo que vale, no la palabra de los funcionarios públicos, para que diga inequívocamente que las propiedades expropiadas serán pagadas a precio de mercado.

Controlan la Asamblea Nacional, solo hay que hacer una seña, y ra-flá, en menos de lo que canta un gallo, la reforma quedaría aprobada, lo cual disminuiría la incertidumbre de los propietarios que el concesionario canalero pretende expropiar.

 

cortesdominguezguillermo@gmail.com