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La noticia sobre la circular de la Secretaría de la CSJ, del 9 de septiembre pasado, me llamó tanto la atención que la leí varias veces. Dicho documento previene a los funcionarios del Poder Judicial, en una copiosa clasificación, sobre una serie de actos que están reñidos con la actuación de estos empleados públicos: les prohíbe el ejercicio de la abogacía si no fuese en causa propia, entre otras gestiones oficiosas, y les recuerda en el párrafo final la terminante prohibición de “cualquier tráfico de influencias o de favoritismo tanto en las oficinas donde laboran como en cualquier otra dependencia de este Poder del Estado”.

Celebro el hecho de que se trate de llamar la atención sobre una situación que para los funcionarios es tan “normal” como un derecho adquirido; no obstante, hay que reflexionar sobre la efectividad en eliminar esas conductas. En vista de eso, mi pregunta específica es que si ya existen prohibiciones expresas sobre todas esas irregularidades sancionables en la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, ¿cuál es entonces el sentido de “hacerles recordar” un hecho obvio donde solo cabe tomar acción disciplinaria?

Es singular que dicha circular confiese en su primer párrafo “que se ha observado a funcionarios de este Poder del Estado concurrir a otras dependencias judiciales a efectuar trámites, elaborar documentos jurídicos o Instrumentos Públicos en horarios laborales, es decir, ejerciendo las Profesiones de Abogacía y Notariado en asuntos que no son propios de sus funciones”. Sin embargo, pregunto tercamente el porqué se elige no ejercer acción sobre esas abiertas violaciones al código de conducta que sanciona esas actuaciones expresamente prohibidas.

La circular procede de los Honorables Magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Cada vez que leo o escucho sobre este órgano, concluyo que no estoy bien informado y que tal vez es ya ficcional o clandestino; una de dos, porque de su existencia real no tengo evidencia reciente, pues desde 2006 radiqué la queja No. 114-2006 contra una funcionaria judicial. En esta queja presenté pruebas irrebatibles sobre el caso, habiendo recibido la última notificación el 25 de abril de 2008 y donde a ella se le declara sin lugar el incidente de nulidad que promovió. Desde esta fecha, estoy esperando la necesaria sentencia.

He enviado con esperanzadora religiosidad mensual a la atención de ese legendario consejo, los escritos de impulsión procesal. Asimismo, envié copia individual a quienes –se especula– pueden componer esa mítica comisión disciplinaria; pero no he recibido aún otra notificación. Pienso positivamente que estos funcionarios podrían estar todavía analizando laboriosamente el caso y que yo, como ciudadano común y corriente, debo ser muy paciente: hasta hoy apenas han transcurrido seis años cinco meses y un día.