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El caso de tres médicas que serán enjuiciadas por la muerte de la paciente Karina Peña López, quien habría sido víctima de una supuesta negligencia mientras era atendida en el Hospital Salud Integral, tiene que servir, en principio, para revisar los controles que las autoridades aplican a las clínicas previsionales del Seguro Social.

Estamos a favor de la reforma al Seguro Social, que en su momento descentralizó la atención médica y dio paso a la creación de las clínicas previsionales privadas, y por eso consideramos que este caso debe ser tratado con estricto apego a las leyes.

Al margen de cuál sea el veredicto final del juez que presida el juicio, de si están exentas de culpa o no las tres doctoras, saltan preguntas de lectores de El Nuevo Diario que merecen respuestas de las autoridades del Estado y de las asociaciones de médicos: ¿Quién aprueba y supervisa los procedimientos y reglas que rigen a los galenos en las diferentes áreas de las previsionales? ¿Cuánta responsabilidad tiene la dirección o administración del hospital y cuánta los médicos? ¿Qué está prevaleciendo más, la cantidad de pacientes o la calidad de la atención? ¿Existe una tendencia a la deshumanización de la atención médica?

Mayra López Mantilla, madre de Karina, con quien nos solidarizamos por el dolor inmenso que le ha provocado la muerte de su hija, explicó que ella presentó la acusación ante la justicia para sentar un precedente y marcar un antes y un después en la atención médica a los asegurados, y que no lo ha hecho por venganza.

Creemos que es momento para que las instituciones competentes hagan una evaluación minuciosa del sistema previsional, sobre todo en términos cualitativos, porque sería grave que en alguna clínica pongan en riesgo la vida de un paciente solo por ahorrar algo de dinero. También nos parece ilógico que ante una situación de supuesta negligencia médica o procedimientos anómalos, se investigue solo la actuación de los médicos y se deje al margen a la administración del centro asistencial, responsable de los suministros, condiciones, reglas y protocolos con que son atendidos los asegurados.

Si las clínicas previsionales actúan con discrecionalidad en la atención que brindan a los afiliados al INSS, quizás porque la ley lo ha permitido, habría que regular mejor ese servicio médico. El Instituto de Seguridad Social paga a las previsionales C$350 córdobas por mes por cada asegurado; no obstante, el Ministerio de Salud y el INSS deben establecer mecanismos que garanticen niveles de calidad óptimos en la atención a los pacientes.

En cualquier circunstancia, nos parecería incorrecto que por un caso particular las autoridades vayan a tomar acciones radicales o desproporcionadas contra empresas médicas privadas. Una vez dilucidado el caso en la instancia judicial, toda medida correctiva debe hacerse bajo el principio del respeto a la propiedad privada.