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La violencia doméstica es un fenómeno histórico, que no es consecuencia de la vida moderna. Tiene mayor visibilidad en la actualidad, pero se trata de algo tan antiguo como la familia misma, con una larga historia de gestación, desarrollo, justificación y ocultamiento. Es un problema estructural donde la división de poderes entre hombre y mujer es discriminatoria e injusta y en el que la asignación de roles y estereotipos es la causa remota y directa de la violencia en contra de la mujer en sus distintas manifestaciones (psicológica, física y económica, entre otras).

Tradicionalmente la violencia ejercida en el ámbito privado se ubicaba al margen de la capacidad revisora del Estado; sin embargo, el tema ha cobrado relevancia como un problema social y de derechos humanos, frente al cual Nicaragua ha asumido responsabilidades y obligaciones a través de la suscripción y ratificación de diferentes convenciones y acuerdos internacionales, tendientes tanto a la atención y protección de las víctimas, como a su prevención, mediante una intervención de carácter proactiva del Estado en la que, además, busca promover y ampliar las potencialidades de la población para enfrentar los riesgos, contribuir a la construcción de nuevas condiciones culturales e influir en las ideas y creencias de las personas para que ayuden a eliminar el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos y a desnaturalizar las conductas de abuso en el espacio familiar.

En Nicaragua, uno de los coadyuvantes del Estado en la prevención de la violencia doméstica ha sido el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, que mediante el facilitador judicial —cargo ejercido por líderes comunitarios naturales, guiados por su vocación voluntaria de servicio al prójimo y cuya función principal es la de servir de enlace entre la ciudadanía y el Órgano Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia— ha atendido este flagelo, ya sea a través de charlas a la población, asesorías, acompañamientos o durante las mediaciones que realiza.

Ellos disponen previamente de una formación y capacitación continua que les ha permitido realizar acciones oportunas y adecuadas en la línea de prevención, la detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas como también la reeducación de los hombres que ejercen la violencia doméstica.

En la coyuntura actual, el reglamento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) les ha asignado nuevas tareas, una de ellas integrar las consejerías familiares y comunitarias, como parte de una estrategia para fortalecer la armonía de la familia, para vivir mejor y libre de violencia, y donde —al igual que Consejer@s Familiares del Ministerio de la Familia y promotoras voluntarias de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional— brindarán orientación y consejos a la persona, pareja o grupo familiar.

En este nuevo ámbito, el facilitador judicial ofrece su casa para el diálogo con respeto sobre los conflictos que tienen las parejas, y que quieran compartir acudiendo voluntariamente, para que reconozcan las causas de los problemas que pueden estar ocasionando cualquier tipo de alteración en su dinámica familiar y sobre medidas de prevención de la violencia, a fin de fortalecer en el barrio y en la comunidad los valores en respeto, amor y solidaridad en las familias.

Hay que reconocer que los costos de la violencia doméstica son enormes, por los efectos directos en la vida de las personas que la padecen, los hogares, comunidades y sociedad en su conjunto; también porque afecta el desarrollo del país al convertirse en factor de riesgo importante para la salud, el bienestar, la participación laboral, social, para el ejercicio de los derechos humanos y por ser un problema que atenta contra la seguridad ciudadana. De ahí que bienvenidas las nuevas políticas de prevención impulsadas por el Estado a través del reglamento de la Ley 779 y las nuevas responsabilidades del Facilitador Judicial.