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La tenaz insistencia del doctor Humberto Belli al proponerse defender lo que él llama “descentralización y participación ciudadana” en las cuestiones de los centros educativos, no logra ocultar la perversidad del modelo de financiamiento educativo, que él contribuyó a importar e implantar en nuestro país durante los años del calvario neoliberal.

La descentralización y la participación fueron el pretexto, lo real, lo cierto, lo verdadero, lo históricamente comprobable, fue que el reducido financiamiento mensual a los centros educativos de parte del Estado y la consecuente búsqueda de dinero de parte de los llamados Consejos Directivos Escolares, para el financiamiento de aquellos aspectos que quedaban desprotegidos, fue conformando un círculo vicioso y una cultura organizacional característica de este tipo de modelos, institucionalizando y dando como normal y hasta lógico y necesario, la violación al principio constitucional de la gratuidad y por ende al Derecho Humano a una educación de calidad para todos y todas.

Cuando en una organización social, jurídica e históricamente constituida, como los centros educativos, se realizan recurrentemente actividades sancionadas por la convención, como correctas y deseables, poco a poco, sin que nadie se lo proponga, van adquiriendo autonomía respecto a la voluntad de los actores sociales y se van convirtiendo en acciones necesarias para su funcionamiento y existencia, provocando su legitimidad e institucionalización.

Para el caso de la educación en el período neoliberal, esta fue forjando sus propios mecanismos, valores y patrones de comportamiento, tanto a lo interno de los centros educativos, como respecto a las relaciones entre estos y las familias con hijos matriculados en los mismos. En la sociedad revolucionaria de los años ochenta, no se dejó ningún espacio cultural sin promover, sembrar y cultivar de valores y principios patrióticos y populares ligados a los intereses de la población empobrecida. En la sociedad neoliberal, donde el mercado era abierta, radical y absolutamente el mecanismo que regía y ordenaba el comportamiento social, la escuela que era el lugar para reproducir los valores dominantes y formar los recursos para que el mercado funcionara, también fue espacio predilecto para convertir las relaciones sociales escolares en relaciones mercantiles.

De esta manera, el cobro mensual en las escuelas mediante el mecanismo de las llamadas “cuotas voluntarias”, la forja y desarrollo de las “pulperías escolares”, la creación de múltiples “actividades recaudatorias” de dinero en las escuelas y la alteración de las matrículas escolares para inflar las transferencias, eran procesos sistémicos y absolutamente coherentes y lógicos con los procesos de compra-venta que se construían y desarrollaban multiplicados en centros comerciales, plazas, calles y avenidas y en el mercado formal e informal de las ciudades, conformando el corazón del régimen social conocido como neoliberalismo.

Para el análisis sociológico de la escuela, este hecho lógico y hasta natural, no tendría nada de extraño, si no fuese que el mismo tuvo consecuencias negativas de gran envergadura, tanto para el goce pleno del derecho a la educación de parte de la niñez y la juventud empobrecida, como para la función educativa y formativa de las escuelas y la profesión docente en Nicaragua.

La introducción del dinero a los centros escolares, el afán empresarial de ganancias a toda costa y la usura como valor predominante en las relaciones entre los actores sociales escolares, no dejó títere con cabeza, lo prostituyó todo, desde la pedagogía hasta la administración escolar, desde la matrícula escolar, las calificaciones estudiantiles hasta la profesión magisterial. Una verdadera catástrofe moral y ética, que aún al día de hoy todos sufrimos y lamentamos.