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La libertad de expresión que gozan medios de comunicación y periodistas se ve amenazada, aunque todavía no padece situaciones extremas, como terrorismo, secuestro y prisión; los acontecimientos ocurridos antes y después de las elecciones municipales, demuestran la falta de voluntad política del gobierno del presidente Daniel Ortega, de cumplir con la Declaración de Chapultepec, de la cual es su firmante. Este escenario únicamente reafirma que los vigilantes y garantes de la frágil libertad de expresión han sido los mismos medios y periodistas.

Los medios fueron objeto de asedios, acechanzas y agresiones, destrucción de instalaciones, violencia, impunidad de los agresores, presiones e intimidación a periodistas y jefes de información.

Después de las elecciones municipales, vehículos pertenecientes a los canales 2 y 8, fueron destruidos total y parcialmente, por parte de simpatizantes sandinistas. Los daños a una unidad móvil de canal 12 por los seguidores de Montealegre. La ocupación armada y destrucción de Radio Darío, Metro Stereo y Caricias formó parte del saldo negativo para los diferentes medios de comunicación. Aníbal Toruño, propietario de esta corporación radial, afirmó que las pérdidas económicas ascienden a treinta y cinco mil dólares. ¡Al parecer el motivo de esta destrucción fue porque el propietario de estas radios era el jefe de campaña del PLC en León! En una sociedad libre, ¿la simpatía política de un dueño de medio de comunicación justifica cualquier acto vandálico? Esta acción es condenable bajo cualquier punto de vista.

Los periodistas también han sido víctimas de agresiones físicas y del impedimento del ejercicio de su trabajo, proveniente de turbas partidarias. Irving Guerrero (CDNN23), Ary Neil Pantoja (END), Nicolás Berríos y Octavio Sevilla (Nueva Radio Ya), Iván Olivares (Semanario Confidencial), Álvaro Montalván y Rosa María Maliaños (Canal 12), Luis Duarte y Anne Pérez (LP), Sheyla Cano, Héctor Rosales y Yader Montoya (Canal 2), Belkys Medina y Kastalia Zapata (Canal 8), Miguel Álvarez (AFP) y Oswaldo Rivas (Reuters), fueron víctimas de estos métodos medievales. Lo preocupante es que estos hechos han quedado en la impunidad, pese a denuncias formales como la que interpuso el periodista, Iván Olivares, del Semanario Confidencial.

La libertad de expresión fue coartada severamente en algunos medios locales y nacionales considerados de derecha por grupos represores del partido de gobierno, y el ente regulador (Telcor) fue acusado de actuar como instrumento del poder. La directora del programa Sembrando Oportunidades, transmitido en Radio Stereo Punto Com, tuvo que suspender el programa. El director de este medio, Iván Baca, dijo que la decisión se produjo como resultado de amenazas de muerte vertidas por supuestos miembros de los CPC. También Radio Corporación y 15 de Septiembre, reiteradamente han sido sacadas del aire por el ente regulador, según declaraciones de Fabio Gadea Mantilla, en el programa Esta Noche, de Carlos Fernando Chamorro.

Previo a la campaña municipal, los canales de televisión 2, 10 y el programa Esta Semana también sufrieron presiones del gobierno con el objetivo de acallar estas voces “disonantes”. El primero en padecer estas agresiones fue el comentarista político Jaime Arellano, crítico del gobierno. Arellano fracasó en sus dos intentos por mantener su programa de televisión. Su última salida en Canal 2 fue debido al temor de los propietarios de este medio de que no se les renovara su licencia.


La opinión pública señala que fue a raíz de las investigaciones de actos de corrupción de la administración actual, hechas públicas en Esta Semana, (Caso Tola) realizadas por Camilo De Castro Belli, que el gobierno ordenó abrir una investigación penal en contra del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), presidido también por el periodista Carlos Fernando Chamorro. El objetivo de este método coercitivo “institucional” fue desacreditar, presionar y callar al dirigente de esta ONG y a los medios bajo su dirección.

Los gremios periodísticos se han autocensurado, por el temor de que se les suspenda la escasa publicidad que reciben del gobierno. La Unión de Periodistas de Nicaragua ha sido la única organización que ha denunciado públicamente las violaciones que sufre la libertad de expresión. Los ataques de funcionarios de gobierno, principalmente del Procurador Hernán Estrada, quien dijo que si el presidente Ortega llamaba a la militancia sandinista no iba a quedar piedra sobre piedra en ningún medio de comunicación considerado como adversario del gobierno.

Este conjunto de hechos muestran una clara violación al principio número 7 de la Declaración de Chapultepec, mismo que señala: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, y la concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

Los medios y periodistas deben tener presente que si los principios de Chapultepec todavía sobreviven, obedece en gran parte a su rol fiscalizador contra los distintos poderes. Esta realidad desafía a los medios a no hipotecar su credibilidad ante ningún otro poder. Los medios deben recordar que nunca ha sido interés del poder político ni económico, hacer prevalecer la libertad de expresión. De tal manera, que la anhelada libertad de expresión en la sociedad nicaragüense depende del celo con que la defiendan, cerrando filas contra los actos encaminados a suprimirla.


Analista de Medios de comunicación
Adrian090981@hotmail.com