Jorge Eduardo Arellano
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La apresurada proclamación de los electos sin agotar el tiempo de ley para la revisión del proceso electoral, supuestamente para aplacar la violencia del partido de gobierno, confirma la capitulación del Consejo Supremo Electoral. En estos días de supuesta revisión electoral, el CSE mostró su lealtad y parcialidad hacia el FSLN hasta el último minuto, entregándole decenas de alcaldías adicionales, que tampoco fueron ganadas por el voto popular. Fue el último acto de una trama electoral que puso en evidencia la dimensión nacional de un fraude mucho mayor de lo que se pensaba, y por ello difícilmente volverá la normalidad al país.

Después de casi dos años de gobierno del presidente Ortega, hemos llegado a un punto de inflexión. Hay un antes y un después del fraude electoral del 9 de noviembre, que afecta las reglas de la convivencia política, la gobernabilidad, la buena voluntad de nuestros socios internacionales, y por supuesto la economía nacional, en un momento de crisis económica mundial.

Con el fraude y la violencia desatada en los últimos días, Ortega se quitó la careta del líder que pedía una segunda oportunidad para gobernar en paz, y se acabó para siempre el beneficio de la duda que se le otorgó a su administración. Nada será igual después del 9 de noviembre.

Según el Consejo Supremo Electoral, el FSLN ganó 105 alcaldías de las 146 en competencia, lo cual a primera vista representaría un gran logro político para validar su gestión de gobierno. Pero al incurrir en el fraude electoral para asaltar muchos de esos gobiernos municipales, Ortega perdió la batalla de la legitimidad política. No se puede invocar una “mayoría política” sobre el pantano de un fraude electoral. Y de paso el orteguismo está perdiendo la oportunidad de lograr su objetivo estratégico en estas elecciones municipales, como era la posterior negociación de unas reformas constitucionales con el PLC para imponer la reelección presidencial.

Unas elecciones municipales bajo fraude no le otorgan a Ortega un nuevo mandato político para realizar cambios constitucionales; por el contrario, le dan un mandato a la oposición para luchar unida por restablecer la voluntad popular y desmantelar el actual sistema electoral. Por eso hay que grabar en piedra las promesas de los líderes del PLC, que esta vez dicen que no negociarán con Ortega, --como lo han hecho en otras ocasiones-- a espaldas de la voluntad popular.

La oposición tiene el enorme desafío de restablecer su credibilidad perdida. Y el primer paso es devolverle el valor a la palabra en estos tiempos en que el cinismo se ha mimetizado en el discurso oficial. Porque aquí, si la Conferencia Episcopal llama a la transparencia electoral y a la paz, el discurso oficial dice que los obispos están “por la guerra y la desestabilización”. Si los países donantes y la OEA expresan su preocupación por la falta de transparencia electoral, en el lenguaje gubernamental se trata de una “conspiración internacional”. Si los empresarios del sector privado condenan la violencia, el gobierno dice que ya “se sumaron al plan de desestabilización”. Y cuando las ciudades y carreteras son sitiadas por la violencia vandálica, el presidente Ortega la justifica como “una expresión pacífica de la juventud marginada por el neoliberalismo”.

Ya no existe ninguna distancia entre el lenguaje violento y calumnioso de los medios de comunicación oficiales y lo que dicen los más altos voceros del partido, del gobierno, y el propio Presidente de la República. En el caso de los periodistas, se ha pasado de la intimidación y la agresión verbal a la agresión física, como ocurrió con el reportero del semanario Confidencial, Iván Olivares, o con la destrucción de Radio Darío, y de equipos de canal 8 y canal 2. Urge una política nacional de cero tolerancia ante cualquier agresión --verbal, legal o física-- que sufran los periodistas, y el Presidente de la República debería dar el primer paso cesando sus ataques. Porque fue Ortega el que empezó a convertir a los periodistas en blanco de la violencia, cuando los intentó descalificar como “oligarcas, hijos de Goebbels, conspiradores y asesinos”.

En medio de todo este panorama de incertidumbre, hay señales de aliento y esperanza. En primer lugar, soplan vientos unitarios en la oposición, y a pesar del pacto y la violencia, existe una masa crítica en la población dispuesta a respaldar un proyecto democrático. Pero sobre todo, hay que reconocer la valentía con que se han alzado las voces de los Obispos de la Conferencia Episcopal, reclamando el respeto a la voluntad popular y condenando la violencia. Es más, los Obispos finalmente se han decidido a dar la batalla en contra de la burda manipulación religiosa del estado teocrático, que preside la pareja presidencial.

También se escuchan voces de preocupación en el sector privado por el impacto económico de la crisis política. Pero si a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, les preocupa el inminente deterioro de la situación económica, deberían seguir el camino de los Obispos y dirigirse al gobierno con la misma claridad y contundencia, para que el Presidente de la República asuma su responsabilidad para resolver la crisis política ante el estancamiento económico que se avecina. El 2009 será el año económico más complejo que ha enfrentado Ortega: con una recesión en Estados Unidos, una crisis financiera mundial, una reducción de la ayuda externa tradicional mientras Venezuela enfrenta la caída del precio del petróleo, y para remate una crisis política nacional heredada de la violencia y el fraude electoral.

Es entendible que algunos operadores políticos del orteguismo finjan demencia y pretendan que después de las fiestas de La Purísima y Navidad se diluirá el malestar nacional provocado por el fraude y todo volverá a la normalidad. Pero los funcionarios que aun pueden tomar distancia del fanatismo ideológico oficial, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades económicas, están en la obligación de advertirle al Presidente sobre las consecuencias que acarrearía la prolongación de esta crisis, cuando empiece su tercer año de gobierno el próximo diez de enero.

Antes que finalice la actual legislatura de la Asamblea Nacional, el país necesita señales políticas claras que le devuelvan un mínimo de confianza a la nación. Una de estas es cerrarle las puertas a las reformas constitucionales y la reelección. Pero la solución definitiva radica en restituirle al pueblo el poder del voto que depositó en las urnas el 9 de noviembre. Urge, por lo tanto, una solución pacífica para revertir el fraude electoral a través de la presión cívica, de los recursos constitucionales y democráticos, a los que hizo alusión la Conferencia Episcopal.