Jorge Eduardo Arellano
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Nuestra Carta Magna establece en el artículo 14: “El Estado no tiene religión oficial”.
Fue el liberal José Santos Zelaya quien con su revolución de 1893 y su nueva Constitución, conocida como la “Libérrima”, estableció el principio del estado laico y la separación de la Iglesia y el Estado como una forma avanzada de gobierno y de institucionalidad.
Constitucionalmente, el estado nicaragüense no debe tener religión oficial, pero en la práctica sí la tiene. Los gobiernos de turno siempre han tenido un trato e inclinación preferencial hacia la Iglesia Católica Romana, irrespetando a las otras confesiones religiosas existentes en el país, e incluso a quienes no se identifican con ninguna.
En un verdadero estado laico y en una transparente separación de la Iglesia con el Estado, los gobernantes y sus funcionarios no promueven ni financian ningún tipo de religión.
Sin embargo, hoy, dondequiera que fijemos la mirada vemos una mezcla del Estado con la Iglesia, un kupiakumi, tendente a la consolidación de un estado parroquial que representa un retroceso en el desarrollo democrático y de unidad en el país.
Durante los 16 años que el FSLN “gobernó desde abajo” se creía y criticaba que eran los gobiernos de la derecha quienes promovían y sostenían el estado parroquial; pero ahora que el Frente “gobierna desde arriba” ese estado parroquial continúa vigente y, por lo visto, con más fuerza.
El mandato que recibió este gobierno en las urnas no fue para oficializar una determinada religión, sino para trabajar por la paz social, el desarrollo, bienestar y progreso de todos los nicaragüenses, con equidad, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.
Vi en Canal 4, voz oficial del gobierno, la propaganda para la celebración de la Purísima en todas las instituciones gubernamentales, encabezadas por la Presidencia de la República. El titular dice: “Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional impulsa Celebración de la Purísima con participación del pueblo”… y agrega: “Es de María la Nación”.
Estoy consciente de que la familia presidencial y los funcionarios de los cuatro poderes del Estado tienen derecho, y debemos respetarlo, de profesar la Religión Católica Romana, y de creer y adorar a María de la forma que estimen conveniente, pero no tienen ningún derecho de utilizar las instituciones y, mucho menos, los fondos públicos para tal celebración, ya que éstos son los impuestos aportados por los y las nicaragüenses, y están destinados para otras causas.
En todo caso, para celebrar las tradicionales fiestas marianas de los católicos romanos y así congraciarse con el clero y población católica, el FSLN y los funcionarios públicos deben costear las actividades con sus propios recursos económicos y no tomarlos del erario.
Hago un llamado al Presidente de la República y a sus Asesores a rectificar para que actúen dentro del marco de la Constitución Política de nuestro país.
“El Estado no tiene religión oficial”.