Jorge Eduardo Arellano
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En los antiguos reinos de Asia, América y Europa, los súbditos juraban lealtad, servían y obedecían al emperador, cacique o rey que aplicaba las leyes que, por ser de carácter divino, eran inmutables y su autoridad incuestionable. Estos fueron encarnación de Dios en la tierra y dueños absolutos de vida y hacienda de sus gobernados.

En sociedades antiguas más recientes la unidad del poder legal era la familia encabezada por un patriarca; esta “dependencia familiar” o “comunidad de condición” se disolvió, y el simple individuo desnudo se convirtió en la unidad de los derechos legales. En la sociedad moderna la nueva forma de cohesión social se caracteriza por acuerdos libres de adhesión al contrato social. Con las ideas sociales de cambio que trajo consigo la independencia norteamericana y la revolución francesa de 1789, con la carta de derechos del hombre y del ciudadano, los postulados de libertad, fraternidad e igualdad, y la reciente declaración de los derechos humanos; la sociedad evolucionó hacia los Estados modernos con base en el contrato social que se tradujo en las constituciones rígidas y desarrolladas de hoy; los antiguos súbditos convertidos en ciudadanos por estas verdaderas revoluciones, vivimos y sobrevivimos bajo su imperio.

El constitucionalismo, reconocimiento y obediencia por lo pactado en el contrato y leyes subordinadas, hizo posible que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón y otras naciones, acumularan riquezas y cultura para erigirse en potencias mundiales. La ley en estos países ha suplantado reyes, profetas y sacerdotes.

El respeto por la ley de quienes ejercitan el poder en los países democráticos con autoridades delegadas, es legítimo y reconocido. Esta legitimidad es factor indispensable para el ejercicio de la autoridad; la legitimidad constituye el “Elám Vitae,” la esencia sin la cual la autoridad no existe, ¡está muerta! La autoridad ilegítima, producto del fraude, se reduce simbólicamente a unas bandas cruzadas sobre pechos fríos, adheridas a masas de carne sin cerebro, nervios, ni sangre: simples rostros en las fotografías de edificios públicos y rótulos de carretera, o ridículas estatuas de piedra con jinetes inmóviles en dos o cuatro patas. Simples rostros a los ojos de todos en el corazón de nadie.

El respeto por la ley en las sociedades cultas, les permite progresar, renovarse y recuperarse de las crisis internas y externas por la cohesión social, los valores cívicos de sus ciudadanos, gobernantes y gobernados.

La legitimidad del gobierno y sus autoridades, se deriva del reconocimiento de toda la sociedad o de su gran mayoría expresada sin trabas en elecciones libres y limpias, “entre diferentes opciones”. Las elecciones fraudulentas anulan y ocasionan la negación y el rechazo hacia estas “autoridades”. Weber describía al Estado como la institución que posee el monopolio del uso de la fuerza, es decir, la violencia legitima. Las autoridades derivadas del fraude electoral disponen de fusiles que les da poder, pero no autoridad, aún cuando puedan hacer que la gente haga lo que ellos quieran por un tiempo.

Un gobierno resultante del fraude electoral es ilegítimo y conlleva a la desobediencia y ruptura de la cohesión social, al caos, a la violencia y a la pobreza. La represión que se origina desde el poder viciado al tratar de imponerse por la fuerza para reclamar el reconocimiento o legitimidad que no merece, motiva y justifica la repuesta de los gobernados.

El desconocimiento hacia las autoridades ilegítimas por parte de las mayorías, es una repuesta para la defensa de la democracia, la constitución, los derechos ciudadanos y el estado de derecho.

La modernidad de principios del Siglo XIX, es ahora insustentable, acusa agudos síntomas terminales, los valores que la inspiraron se desvanecen.

Entre las características destacadas del mundo contemporáneo sobresale el individualismo y la eclosión de la legalidad. Así lo demuestra el incremento del número de abogados en los países occidentales donde los litigios reparan el tejido social y se han convertido en valiosas válvulas de presión de las disputas sociales, a diferencia de Nicaragua donde la caldera de vapor de la administración de justicia se ha congestionado y atrincherado tras el Ministerio Publico y órganos policiales, de manera peligrosa y articulada hace ahora un año por la implementación de un ilegal Modelo de Despacho Judicial. La subordinación del poder judicial hacia el Legislativo y Ejecutivo, impide la revisión judicial, o poder de los tribunales para controlar, revisar, supervisar y enmendar el trabajo de los legisladores, el ejecutivo y del oscuro y mal llamado poder electoral.

Los acuerdos políticos o pactos de cúpulas partidarias tienen efecto en la forma en que la gente piensa y actúa, y estos pensamientos y acciones, crean configuraciones legales (transitorias) para un determinado momento.

Nuestro modelo legal es como una máquina de vapor desvencijada; pero los ciudadanos, somos los responsables de programarla y hacerla funcionar: la alimentamos con carbón y la encendemos; pero también podemos apagarla y desarmarla. La ley es una forma de autoridad, pero hay otras modalidades y maneras de ejercer autoridad. Un poder electoral de híbridos deformes, genéticamente corruptos y vergonzantes desde su concepción somocista, no
puede engendrar autoridades sanas ni legítimas.

No observo razones para elegir al mismo tiempo a todas las autoridades municipales. Esto se traduce en pérdida de oportunidades para el ejercicio y calistenia de educación cívica electoral, y pérdida de oportunidades para el desarrollo de cada municipio. Fomenta por otro lado la existencia y perpetuación del caudillismo y el bipartidismo pactista tradicional, en desmedro de la organización de las fuerzas sociales y productivas municipales. La aparente confrontación o polaridad entre los partidos del co-gobierno libero sandinista, impidió que los electores municipales eligieran el pasado 9 de noviembre, a los mejores ciudadanos para representar a sus comunidades. ¡Nos recetaron más de la misma basura!.

Tenemos derecho a escoger entre mejores opciones para el futuro gobierno de esta república, y las condiciones de gobernabilidad del presente semejan o sobrepasan en corrupción a la última etapa de la crisis de gobierno del último Somoza, pero debemos esta vez evitar la violencia.


sergiotorres56@yahoo.com.ni.mx