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La Ley sobre la Plataforma Continental y Mar Adyacente, del 19 de diciembre de 1979, era algo más que una ley. Significaba la incorporación de Nicaragua al nuevo Derecho del Mar, en acelerado proceso de consolidación en N.U. Por esa ley, Nicaragua reclamaba soberanía y jurisdicción sobre 200 millas náuticas y proclamaba sus derechos a la plataforma continental y a todas las islas, cayos, rocas y demás accidentes geográficos que formaran parte de dicha plataforma. Era la primera vez que se hacía.

La nueva estrategia territorial apuntaba directamente al mayor reto de Nicaragua: las pretensiones expansionistas e imperialistas de Colombia y su política de hechos consumados, que aspiraba a imponer unilateralmente una frontera marítima a nuestro país. No obstante, resultó claro que también había una batalla, menos dura, pero no menos importante, en la frontera norte. Se trataba de Honduras y del Paralelo 15. Era evidente que Nicaragua debía tumbar primero la línea tradicional aceptada por la dictadura somocista, no solo porque era una línea lesiva al país, sino porque el Paralelo 15 hacía confluir las pretensiones de Honduras y Colombia. Si esos dos países unían sus pretensiones, formarían una pinza contra Nicaragua. Por tanto, tumbar el Paralelo 15 era un paso fundamental en la estrategia de recuperación de los dominios marítimos en el Caribe. Sabíamos, en Cancillería, que establecer una alianza con Honduras era cuestión fundamental por Colombia, como demostraría, años después, el tratado limítrofe que firmarían ambos países en 1986, repartiéndose el Caribe de Nicaragua.

Siguió un trabajo conjunto y secreto con la entonces Marina de Guerra Sandinista, primero con el comandante Richard Lugo, prematuramente fallecido y, después, con su sucesor, Manuel Rivas Guatemala, cuyo compromiso con la política territorial de Nicaragua no ha sido aún reconocido. En distintas y repetidas reuniones con la MGS se tomó una decisión que se revelaría fundamental en el litigio con Honduras. La MGS debía introducir sus barcos --entonces pesqueros artillados con ametralladoras M-50-- al norte del Paralelo 15. Aquellos humildes pesqueros convertidos en patrulleras navales y manejados por bisoños marineros procedieron a ejercer, por vez primera, presencia soberana al norte del Paralelo 15. Se buscaba, adrede, la reacción de Honduras, que no se hizo esperar. Los incidentes armados se sucedieron por decenas, incluyendo ataques aéreos hondureños, que fueron resistidos por la MGS. No hubo, no habría, retroceso.

Cancillería enviaba las notas de protesta, con un guión inalterable. Cuando Honduras invocaba la existencia de una “línea tradicional de delimitación”, se respondía, como martillo pilón, que “las áreas marinas y submarinas entre Nicaragua y Honduras no han sido jurídicamente delimitadas”. El martillo pilón funcionó. Honduras, en 1982, cayó en la red y envió la nota que esperábamos con paciencia bíblica. Era la Nº 254, del 3 de mayo de 1982, en la que el canciller hondureño Edgardo Paz Barnica, expresaba literalmente: “coincido con Vuestra Excelencia cuando afirma que la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua no ha sido jurídicamente delimitada”, proponiendo “el establecimiento temporal de una línea o zona que, sin prejuzgar sobre los derechos” de cada país, “sirva como indicador momentáneo de sus respectivos ámbitos jurisdiccionales”. No hacía falta más.

Aquella nota fue determinante para que la CIJ en su sentencia de 2007, fallara a favor de Nicaragua. La nota Nº 254 enterraba, de una vez y para siempre, el Paralelo 15. Difícil es expresar en palabras la euforia con que celebramos aquella nota. Solo diré que, con ella en la mano, corrí al despacho del canciller D’Escoto, para que la leyera y, juntos, celebráramos el triunfo. La primera batalla por el Caribe de Nicaragua estaba ganada. El trabajo conjunto Cancillería-MGS había alcanzado los objetivos trazados, para bien y fortuna de la Nicaragüita. Pero, lejos de dormirnos en los laureles, la MGS siguió patrullando al norte del Paralelo 15. El Gobierno de Honduras, tomando conciencia del fatal error cometido, quiso después enmendarlo en sucesivas notas, pero el daño estaba hecho y era irreparable.

Los trabajos territoriales también se apoyaron en Ineter. Este instituto tuvo a su cargo los estudios geográficos y la edición del nuevo mapa oficial de Nicaragua y, no menos importante, el primer mapa oficial de la plataforma continental de Nicaragua. Ambos mapas serán citados por CIJ como pruebas de la inexistencia de una línea tradicional. Alejandro Rodríguez, director de Ineter, dio un apoyo total al trabajo de Cancillería.

En mayo de 1981, la Cancillería nicaragüense había hecho público un documento titulado: “Nicaragua denuncia agresiones que sufre desde el territorio de Honduras”. Una segunda edición fue publicada en septiembre de 1982. En esta última estaba un mapa con un recuadro señalando los incidentes armados sufridos por nuestro país. En el mapa iba un recuadro sobre los incidentes en el mar Caribe. La línea apuntaba hacia el banco Rosalinda. Más o menos la línea que trazaría la CIJ, en su sentencia de 2007. (II)