•  |
  •  |

No ha sido en China. Ni en Irán. Ni en Corea del Sur. Ni en ninguno de los rincones del planeta en los que el acceso de las personas a la información y la libertad de los periodistas para hacer su trabajo se ven comprometidos en el día a día, como consecuencia de la colisión con los estamentos públicos que los regulan, manipulan, cercenan.

Si hubiera ocurrido en China, en Irán o en Corea del Sur, lo habríamos asumido como una anécdota, como una anotación más en la nómina de atentados contra los derechos universales de los ciudadanos. Pero ha ocurrido en España, y en la misma semana en la que entraba en vigor la Ley de Transparencia que garantiza el acceso a la información pública.

Cierra Google News, la herramienta que utilizamos para saber qué se dice de nosotros, de nuestros proyectos, para agrupar las noticias que nos interesan, para hacer seguimiento de los temas que nos preocupan a los informadores y a los consumidores de información.

Pero la clausura de la plataforma de rastreo de noticias del gigante tecnológico —prevista para el próximo martes— no se debe a un conflicto de intereses propiciado por la Ley de Transparencia, sino por la normativa sobre propiedad intelectual que tendrá efecto legislativo a partir del mes de enero, y que obligaba a Google a pagar a las empresas editoras por las informaciones que ofrecía a través del servicio.

La demanda se había producido a instancia de los propios editores, que veían en el sentido proteccionista de los intereses de los creadores de contenidos que recoge la nueva norma una posibilidad de amortiguar los desastrosos resultados de sus cuentas de explotación, como consecuencia de la incidencia de una doble crisis: la del papel frente a internet y la financiera de la que aún no ha conseguido librarse la economía española.

Pero lo que probablemente no esperaban los consejos de administración de los diarios impresos era que Google reaccionara anunciando el cierre de News. La noticia cayó como un jarro de agua fría en los despachos de los directivos, que han pasado de frotarse las manos calculando los ingresos que percibirían por parte de una de las compañías con más solvencia del universo tecnológico, a tirarse de los pelos, analizando el impacto que la drástica medida tendrá sobre las ediciones web de los diarios, cuyos resultados de audiencia digital se nutren en buena medida de las visitas que llegan a través del servicio que se clausura.

En términos propios de una crónica de carreras de coches, los editores españoles se han pasado de frenada. Cuando pretendían apurar al máximo para negociar una curva en una maniobra que les permitiese enfilar la recta en una posición ventajosa, se han encontrado con que el error de cálculo les deja fuera de las opciones de cruzar la meta bajo la bandera de cuadros.

Ahora, las empresas periodísticas piden a papá gobierno que interceda, para que el buscador global reconsidere su posición y no abandone el servicio en España. Hay quienes plantean una negociación para reducir las cifras que tendría que aportar Google, pero la firma se ampara en un argumento irrebatible: el de que no comercializa la plataforma News, que ofrece como un servicio complementario y gratuito para sus millones de usuarios.

Además, otro elemento a tener en cuenta es el que da pie al comienzo de esta reflexión: que una nación que se precia de tener una sólida legislación para la defensa de la información, sea la primera del mundo donde se cierra Google News, es una mancha de aceite en una curva mal negociada.

 

@oscar_gomez