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La masacre de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos del crimen organizado, las fuerzas policiales, militares y los poderes públicos del Estado mexicano, es reflejo de la descomposición social y los problemas estructurales de carácter político que han penetrado la vida contemporánea de México, caracterizada por fenómenos tales como el narcotráfico, crimen organizado, corrupción, delincuencia, inseguridad, impunidad, autoritarismo y las omisiones de los gobiernos federales, estatales y locales a las demandas sociales y de seguridad.

Ante la tragedia acontecida el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, una vez más, la conciencia social se ha despertado por la incapacidad de los diferentes gobiernos para controlar la crisis delincuencial desatada hacia los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad mexicana. Basta rememorizar las diversas matanzas, la de Chilpancingo el 30 de diciembre de 1960, la de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, la de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, la de Acteal el 22 de diciembre de 1997, los femicidios en Ciudad Juárez, la matanza de Tlatlaya el 30 de Junio de 2014, así como los disturbios en San Salvador de Atenco en 2006 y las diferentes represiones y desapariciones en Oaxaca, Chiapas, Baja California y Guerrero.

Las víctimas son siempre las mismas: campesinos ejidatarios, indígenas, jóvenes estudiantes, maestros y mujeres de origen humilde, a quienes después de habérseles privado de todos sus derechos, se les culpa de “alterar el orden social” catalogándolos como criminales e insurrectos, mientras los verdaderos culpables gozan de impunidad, protección y hasta ostentan cargos públicos en el gobierno desde donde dirigen sus operaciones cada vez más extremas.

Es evidente la complicidad entre el Estado y los grupos delincuenciales que ocupan el poder como consecuencia del establecimiento de un orden político neoliberal que omite las demandas de la democracia y la justicia social y favorece los intereses del gran capital mediante el apoyo a las grandes transnacionales y sus megaproyectos, ofreciéndoles mano de obra a costos de miseria. México se ha convertido en un Estado incapaz de garantizar la defensa de su propio territorio, que ha “servido en bandeja de plata” las enormes riquezas de sus recursos naturales, y se está convirtiendo en un apéndice del sur de los Estados Unidos de América que no termina de saciar su geofagia.

La inconformidad del pueblo mexicano ante la delincuencia y el deterioro del tejido social debido a la violencia estructural y a la ausencia del cumplimiento y ejercicio de la ley, se ha manifestado en las diversas marchas multitudinarias, paros de labores, acciones de protesta, así como un movimiento popular que ejerce una resistencia civil organizada y generalizada. El pueblo aboga por la reconstrucción de los valores sociales y democráticos, para que se ejerza un verdadero control sobre los niveles de corrupción; pero para ello es preciso que la intervención extranjera se mantenga al margen.

En México urge la renovación del sistema y sus distintos niveles políticos, administrativos, estatales y jurisdiccionales, que completen la transición a la verdadera democracia y que pueda reducir las enormes inequidades sociales que castigan a los marginados y premian a los opresores.