•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Si en todos los países del mundo existiera una oposición provinciana, fanática, parroquial y trasnochada como la de Nicaragua, ningún país de la Tierra tendría derecho a construir carreteras, represas hidroeléctricas, puentes, aeropuertos, parques infantiles, simplemente porque tendría que expropiar tierras a propietarios privados.

Todas las Constituciones de todas las naciones del planeta contemplan la figura jurídica universal del “Dominio Eminente”, el cual faculta a los gobiernos, sin excepción, el derecho a expropiar y compensar justamente toda propiedad privada que se necesite para proyectos de beneficio común.

La Real Academia Española define el Dominio Eminente como “El que se considera propio del Estado, por razón del bien común, con respecto a la propiedad privada.” (Diccionario de la RAE, 23a edición, 2014).

La Constitución Política de Nicaragua dice en el Art. 24, Cn.: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.”

El artículo 44 de nuestra carta magna ratifica el ‘Dominio Eminente’ del Estado, al declarar que el derecho a la propiedad privada “está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes.”

Las marchas artificialmente creadas y políticamente motivadas que mediante manipulación de nuestros campesinos, ha realizado la oposición, constituyen una flagrante violación de nuestra Constitución por cuanto vulneran un derecho de toda la sociedad representada por el Estado y consagrado en los artículos 24 y 44 de nuestra carta magna.

Los autodenominados “sectores democráticos” que hoy berrean por la supuesta “venta” de la soberanía nacional al chino Wang Jing, son las mismas paralelas históricas que no vendieron sino regalaron el patrimonio de todos los nicaragüenses al perdonarle a Estados Unidos la astronómica suma de 17 mil millones de dólares, que por fallo de la Corte Internacional de La Haya, nos debe el coloso del norte.

Al renunciar al resarcimiento astronómico de 17 mil millones de dólares, legítimamente ganado conforme al Derecho Internacional Consuetudinario, ¿qué autoridad moral tienen de hablar de soberanía y Estado de Derecho?

¿Qué legitimidad política podrán tener quienes cínica y abiertamente atropellan los artículos 24 y 44 de nuestra Constitución, negándole al Estado soberano de Nicaragua el derecho al ‘Dominio Eminente’, consagrado en nuestra carta magna?

Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia constitucional que le otorga al Gobierno de Nicaragua toda la legitimidad jurídica nacional e internacional para ejercer plenamente el ‘Dominio Eminente’ como estado soberano, serán el diálogo y la negociación directa con los pobladores en el territorio de la ruta del canal, lo que se impondrá.