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“El bolso se le cayó y el arma se disparó sola”, es la tesis sostenida por la defensa en el caso de la muerte de la periodista María José Bravo. Han pasado ya cuatro años de aquel acontecimiento, una herida de bala impactó la arteria aorta, el corazón y los pulmones mientras la víctima realizaba cobertura del proceso electoral municipal de aquel entonces. La juez de primera instancia condenó al autor del hecho a la pena de 25 años de prisión por el delito de asesinato. El condenado, haciendo uso de los recursos de ley, pretende que los magistrados de la CSJ reviertan la decisión. A ellos les tocará decidir si se mantiene la condena por el delito de asesinato, o si más bien debe cambiarse al delito de homicidio (doloso o imprudente) o, incluso, confirmar la tesis de la defensa de que fue un mero accidente. Un cambio en la tipificación a homicidio imprudente (culposo) o a un caso fortuito, daría lugar a la inmediata libertad del procesado.

La tesis del asesinato
Aunque el delito de asesinato requiere necesariamente la muerte de una persona, no basta con afirmar la mera existencia de tal acontecimiento; es necesario probar que el resultado producido es consecuencia de un acto premeditado y “alevoso”, es decir, que el autor de forma consciente, fría y tranquila, escogió los medios, modos y formas que aseguraran la muerte de su víctima. Algunos llegan a exigir, incluso, la existencia de un plan que garantice la impunidad de aquél que lo realiza. En el caso que nos ocupa existen abundantes pruebas testificales que confirman un acto premeditado: un testigo afirmó que muchos meses atrás el procesado le había mencionado que la periodista Bravo significaba un obstáculo a sus aspiraciones de convertirse en diputado. Minutos antes del acontecimiento una testigo confirma que el autor del disparo le pidió que identificara a la periodista María José, mientras otro asegura que fue después del disparo que el sujeto dejó caer el bolso en el que se encontraba el arma, y que éste fue capturado mientras intentaba huir.

Aparte de analizar y valorar la prueba testifical, es bien sabido que en los delitos de resultado como éste, es necesario además comprobar, desde el punto de vista material y objetivo (desde la realidad misma), la existencia de una relación causal que permita luego imputar objetivamente el resultado al sujeto que lo causó. En este caso la relación causal está plenamente comprobada: el dictamen médico-legal señala que la muerte se produjo como consecuencia de una herida de bala, y el dictamen de balística confirma que la bala fue disparada desde el revólver Astra, calibre 38, que se encontraba en el bolso del procesado. Lo que resulta un problema desde el punto de vista procesal, es corroborar el curso causal desarrollado por la bala, ya que existen dos dictámenes contradictorios. El primero señala que el disparo fue realizado de cuclillas, de izquierda a derecha, e impactó directamente en la cavidad toráxica, de abajo hacia arriba. Aquí no cabría mayor problema en confirmar que el sujeto escogió un medio idóneo y directo para producir la muerte, un dolo directo de matar, y por tanto, hay un delito de asesinato consumado.

El caso de “la bala saltarina”
El segundo dictamen es el denominado caso de “la bala saltarina”; es lo que técnicamente se conoce como un “curso causal irregular o anómalo”. Se trata de que el disparo fue realizado en una dirección distinta a la posición de la víctima, pero que impactó en ella luego de varios rebotes. Debe advertirse de entrada que si sólo tomáramos en cuenta este segundo dictamen tendríamos que negar de forma absoluta la tesis del asesinato. La razón es sencilla: el dolo directo de matar que requiere el delito de asesinato se contradice con el “modo” anómalo y poco ortodoxo escogido para producirlo, por lo que tendría que valorarse entonces la tesis del homicidio e incluso la tesis del accidente.

La pregunta que cualquiera se hace es que si existen dos dictámenes, ¿cuál de los dos es el válido? En efecto, aunque sabemos que uno de los dos tendría que ser el que más se ajusta a la verdad, no debemos negar que los dos tienen igual valor procesal. Ante tal contradicción, debo decir, en honor a la verdad, que no les está permitido a los Magistrados que resolverán el caso escoger alguno de los dos. Como señala Luzón, el principio in dubio pro reo y de apreciación alternativa de los hechos nos obliga a elegir “la hipótesis fáctica más favorable al procesado”. A la luz de estas consideraciones la condena por el delito de asesinato no tiene razón de ser.

La tesis del homicidio
Quizá por las razones anteriormente apuntadas, algunos han llegado a considerar que la muerte de la periodista María José Bravo es un caso de homicidio culposo, es decir, que la muerte se produjo por negligencia, descuido, displicencia, ligereza e irresponsabilidad del autor; que el sujeto disparó hacia el piso o la pared sin percatarse de que la bala podría saltar y matar a una persona. Si esto fuera así, la pena máxima a la que podría haberse condenado al autor de tal delito no podría haber superado nunca los tres años de prisión, por lo que si lleva cuatro años detenido tendrían que ponerlo de inmediato en libertad.

No estoy de acuerdo con la tesis del homicidio culposo. Desde mi punto de vista, a la luz de las pruebas presentadas y considerando incluso el más favorable de los dictámenes periciales presentados, el de “la bala saltarina”, creo que hay suficiente fundamento técnico para condenar al autor del disparo por homicidio doloso. Y voy a explicar por qué: en primer lugar, no creo que alguien diga que el sujeto que hace estallar una bomba en un sitio concurrido es un tipo descuidado (imprudente), todo lo contrario, cualquiera en su sano juicio ve en esa conducta un comportamiento homicida y debe castigarse por homicidio doloso, aunque el que detonó la bomba no haya visto en su vida a ninguno de los muertos. Igual cosa ocurre con el que dispara un arma a la entrada de una escuela, donde un grupo de personas esperan resultados electorales. El sujeto que dispara sabe que su conducta es capaz de causar la muerte de alguien y a pesar de ello actúa, con lo que se determina que el sujeto no solamente sabía, sino que además quería causar el resultado de muerte (dolo).

En segundo lugar, si por causalidad se le ocurriera alegar a la defensa que el sujeto confiaba en que el resultado no se produciría, bastando con ello observar la dirección del disparo, debe decirse que esa confianza, al ser eminentemente subjetiva (espiritual), no elimina la peligrosidad real (objetiva) del hecho y, aún tratándose del caso de “la bala saltarina”, es insuficiente para negar el dolo de la conducta. Como señala Roxin, en los cursos causales anómalos y en las desviaciones del curso causal, se puede imputar al sujeto un resultado a título de dolo cuando éste se produzca “dentro de los límites de lo previsible según la experiencia general de la vida”. ¿Es o no previsible que si usted dispara un arma en un sitio concurrido alguien pueda salir herido o fatalmente fallezca? Evidentemente sí.

No puede considerarse accidente
La tesis del accidente, del caso fortuito o de la casualidad, es absolutamente inverosímil. En primer lugar, porque hay testigos que niegan que el bolso se le cayó. En segundo lugar, porque existe prueba pericial que determina que es imposible que el revólver Astra, calibre 38, se dispare solo y, en tercer lugar, porque si el revólver se hubiera disparado solo, la prueba de la parafina no hubiera determinado la presencia de “productos nitrados en el dorso de la mano izquierda” del condenado.

*Profesor de derecho penal. UCA.

Doctor en derecho penal por la Universidad de Alcalá, España.