Carlos Escorcia Polanco
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Tuvieron 17 años y no pudieron. Durante ese período de gobiernos pro yanquis, entreguistas y antipueblo, según las Naciones Unidas, Nicaragua retrocedió en todos los aspectos de calidad de vida, colocándose a la par de muchos países africanos.

Durante esos 17 años, se dio la más grande estampida migratoria de nuestra historia, exceptuando la “telúrica” estampida de las huellas de Acahualinca. Desde 1990, millón y medio de nicaragüenses votaron con los pies, huyendo del paraíso capitalista de la “libertad” y la “democracia”. Hoy que la disparatada y mil veces politiquera oposición antisandinista anuncia con bravuconería que recurrirá a instancias internacionales, con tal de imponer el mismo patrón de exclusión de los pobres que practicaron por 17 años, deberán recordar que el fallo de La Haya que declaró ilegal la agresión mercenaria, no vale nada para ellos.

Los medios de prensa controlados por las familias más opulentas y los ideólogos de la oligarquía blancoide, al igual que la mayoría de plumíferos criollos, le han declarado un embargo mediático a ese fallo de La Haya. Recurrir ahora a instancias internacionales es fariseísmo e hipocresía.

Veinte años después, los comentaristas políticos de las “fuerzas democráticas” timbuco-calandracas se han puesto un zipper en la boca y jamás se refieren a ese fallo. Hablarle a la oligarquía proyanqui del fallo de La Haya, es como mostrarle la Biblia a un poseído de Satanás. Allí no dicen “ni cuiyo”.

El que durante la “era democrática” iniciada por doña Violeta, los nicaragüenses emigraron a un promedio de cien mil personas al año no le impidió a la oposición timbuco-calandraca jactarse de sus inexistentes triunfos socio-económicos, mientras se enriquecían y desmontaban todos los avances del primer gobierno revolucionario.

La actitud de los parlamentarios de la oligarquía y su apéndice “sandinista”, el MRS, es una clara intromisión en la soberanía del Poder Ejecutivo. Bajo el título VIII, artículo 129 de la Constitución, se dice claramente que “los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.

No dice que están subordinados a un banquero oligarca que quiere sacarse el clavo de los Cenis mediante maniobras parlamentarias. No dice que los poderes están subordinados a prejuicios y valoraciones politiqueras de ex sandinistas que condenan el “pacto” con Alemán, pero ven como normal ser furgón de cola de la conspiración anti- sandinista de la oligarquía blancoide. No dice que el Poder Legislativo tiene que legislar para desconocer un fallo de otro poder.

Las autoapodadas “fuerzas democráticas” se burlan de la Constitución al ignorar que el Artículo 164 Cn. dice: Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

12) Conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado.
No es responsabilidad de la Asamblea legislar para invalidar una resolución o un fallo de la Corte Suprema de Justicia o de sus instancias orgánicas. La Constitución le da a la Asamblea la prerogativa de crear leyes, no de inventar decretos para desconocer un fallo con el cual no están de acuerdo por prejucios politiqueros.

La crítica contra los CPC por parte de los timbucos y calandracas, no son más que consideraciones partidarias de ex candidatos derrotados que quieren desconocer los resultados electorales, pese a que al participar en la contienda presidencial, aceptaron las reglas del juego.

El presidente Ortega, al igual que los demás candidatos presidenciales de los otros partidos, llevó su plataforma electoral ante el pueblo. Al ser el candidato que más votos obtuvo, está en todo su derecho de implementar la plataforma de gobierno que como partido ofertó al electorado.

La irresponsable politiquería de la oposición antisandinista, demuestra no sólo irrespeto a las reglas del juego al utilizar un nuevo pacto de la derecha para obstruir la agenda presidencial, sino pura demagogia. El acoso parlamentario contra los CPC, luego de 17 años de inconstitucional exclusión y marginación, persigue arrinconar al pueblo pobre y dejarlo en la peor indefensión jurídica.

Tuvieron 17 años para resolver el problema de la energía y no lo hicieron.

Tuvieron 17 años para resolver el problema del hambre y no lo hicieron.

Tuvieron 17 años para sacar a Nicaragua de la postración y no lo hicieron.

Cuando ellos gobernaron no les preocupó el hambre del pueblo, ahora que el pueblo le dio su voto mayoritario al Frente Sandinista y éste implementa el Hambre Cero, están en la obligación de respetar las reglas del juego. Es un escándalo que quieran anular los esfuerzos por erradicar el hambre. El argumento que el programa Hambre Cero va a generar simpatías partidarias a favor del FSLN es ridículo, absurdo, ilógico y demagógico. Todo partido va a las elecciones para hacer una oferta electoral. El partido que gana la presidencia, también gana el derecho de implementar su propuesta partidaria desde la presidencia.

Es ignominiosa la irresponsabilidad y bravuconería de estos diputados, pistoleros, tromponeros, boxeadores y come huevos de paslama. Basta ya de tanta infamia, basta ya de tanta trampa politiquera, basta ya de tantas mañas neosomocistas. Dejen que el FSLN implemente su programa de gobierno. El pueblo ya se pronunció en noviembre de 2006.