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El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su Observación General número 7, define la Primera Infancia como “...todos los niños pequeños: desde el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período preescolar hasta la transición al período escolar...”; así mismo insta a todas las naciones a crear políticas y programas positivos en relación con los derechos de la Primera Infancia, en donde las niñas y niños pequeños sean considerados como “miembros activos de las familias, comunidades y sociedades, con sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista. En el ejercicio de sus derechos, los niños pequeños tienen necesidades específicas de cuidados físicos, atención emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje sociales”.

El Gobierno de Nicaragua ha creado una Política Pública dirigida a la Primera Infancia, es la primera política en esta materia en la historia de la Administración Pública en nuestro país, y está refrendada con el Decreto Presidencial 61-2011, que tiene como fundamento las leyes nacionales y convenios internacionales, el Plan Nacional de Desarrollo Humano, políticas y programas del Sistema de Bienestar Social.

La Política de Primera Infancia ha sido diseñada y construida colectivamente con todos los actores institucionales, sociales y comunitarios que trabajan en la restitución de los derechos de las niñas y niños más chiquitos; es el resultado de los compromisos, saberes y prácticas de varios años de trabajo de educadoras, educadores, parteras, liderazgos comunitarios, promotoras y promotores solidarios de preescolares, centros de desarrollo infantil, círculos infantiles comunitarios, casas bases, casas maternas, centros y unidades de salud y centros de restitución de derechos de la niñez; así como la acción comunitaria de servidoras y servidores públicos que trabajan en el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

La política apunta a armonizar todos los programas sociales en función del desarrollo integral de todas las niñas y niños entre 0 y 6 años; para que estos sean ejecutados con un sentido de responsabilidad compartida entre las familias, comunidades, sociedad, gobierno y municipalidades.

Se reconoce que la Primera Infancia es un periodo crucial en la vida del ser humano, por ser la etapa del ciclo de vida en donde se establecen las bases del desarrollo de la persona, la conformación neurológica y neurocognitiva, la estructura ósea, las capacidades de aprendizaje, habilidades y destrezas sensoriales, motrices, las relaciones de comunicación e interacción social, los sistemas inmunológicos para evitar las enfermedades, los procesos comunicacionales, emocionales, afectivos; por tanto, al invertir en los más chiquitos y chiquitas estamos garantizando el desarrollo físico, mental, social y espiritual del capital humano del presente y del futuro.

En el texto de la política y en la praxis social gubernamental se expresan un conjunto de razones del porqué en nuestro país invertimos en la Primera Infancia, entre ellas: 1) Los programas sociales tendrán efectos duraderos en el aprendizaje y la motivación y la adecuada estimulación temprana, desde la familia, comunidad y la escuela, además harán posible en las niñas y niños, el desarrollo pleno de sus estructuras biológicas, psicológicas y sociales.

2) Se sientan las bases para superar la pobreza y romper las brechas de inequidad social, garantizando programas de calidad en salud, educación, agua, seguridad alimentaria, entornos adecuados, promoción de valores, recreación y protección y además el fortalecimiento de las capacidades de madres y padres y demás miembros de la familia en la crianza de las niñas y niños menores de seis años que garantizan poblaciones saludables, con sus potencialidades plenamente desarrolladas.