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Acostumbrados como estamos a perder, frente a las voracidades e injusticias de los países vecinos a lo largo de nuestros siglos de vida independiente, es un gesto refrescante que la Dirección de Transporte Terrestre del MTI –sin así reconocerlo ni confesarlo explícitamente- haya terciado en apoyo del empresario busero nicaragüense Enrique Quiñónez Tuckler, tomando acciones correctivas -que en otras circunstancias nunca se hubieran tomado, aunque existieran las fallas- contra dos grandes buseras costarricenses de transporte internacional, acciones que costaron miles de dólares a los buseros ticos, pero que en cambio, lograron que las unidades de Nica Bus ya estén operando desde enero en la ruta Managua-San José-Panamá y viceversa.

Sucede que en la capital tica, el Consejo de Transporte Público (CTP) acudía a formalismos y argucias para negarle al exdiputado arnoldista nicaragüense la renovación del permiso que antes tuvo (entre 1997 y 2002) para operar por Nicaragua, Costa Rica y Panamá, esta vez con cuatro nuevos buses Mercedes Benz que cuestan 395 mil dólares cada uno, formalismos y argucias que Quiñónez decía y demostraba haber subsanado con creces.

Pero es que había trabazones claves que estaban operando desde la burocracia empresarial y estatal de San José, que la contramedida de las autoridades nicas de transporte logró destrabar como por arte de magia, en beneficio de los derechos del busero connacional.

Uno de los factores claves que operaban contra el nica es que las cuatro empresas buseras de Costa Rica, dos de las cuales fueron creadas con capital tico en Nicaragua, querían comerse ellas solitas –a pesar de los acuerdos binacionales existentes- el paquete anual de 500 mil pasajeros que se mueven entre los dos países, a los cuales les imponen monopólicamente tarifas, horarios y otras condiciones.

Otro, según dejó entrever oportunamente Quiñónez, es que los distribuidores ticos de otras marcas de buses, comparten acciones con las grandes buseras de su país, y ejercen –de muchas maneras- poderosas influencias ante el CPT de San José, el cual se venía “boleando” con las gestiones del nicaragüense.

El caso Quiñónez -con quien no me liga amistad ni afinidad política- es un buen ejemplo sobre la forma en que deben actuar nuestras autoridades frente a otros abusos de todo tipo que sufren nuestras empresas y productores individuales, no solamente por parte de Costa Rica, sino de otros países del Istmo, donde a los acuerdos de integración y a los tratados bilaterales solamente los dejen funcionar cuando les favorecen a ellos.

Ha habido, ciertamente, algunos pocos precedentes, pero la tónica general es que las empresas extranjeras, con autoridades de sus países, suelen sacarse “de la manga de la camisa” nuevos reglamentos, e inventan controles sanitarios y de otro tipo cada vez que nuestros productos, en uso de acuerdos y sanas competencias, entran a competir con ventaja y calidad en el vecindario. Los abundantes casos van desde lácteos hasta embutidos, y desde carnes hasta muebles, por solamente citar algunos.

De ahí que las intervenciones de autoridades nicas mediante la aplicación de reciprocidad en favor de nuestros empresarios, productores, turistas etc., no solamente son actos patrióticos, sino también de solidaridad y de justicia. Si saben que a cada abuso van a recibir “su medio vuelto”, poco a poco aprenderán que no pueden seguir haciéndonos trampas ni presiones gangsteriles.