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La perspectiva del Derecho a la Educación, ampliamente aceptada en Latinoamérica y en nuestro país, ha evolucionado en los países, desde una focalización exclusiva en la escolarización hacia un interés más genuino en los aprendizajes. Esto ha puesto en el centro de la agenda, la calidad de la educación en términos más holísticos y no restrictivos.

En las últimas décadas, este interés ha pasado de su centración en los insumos para proveer educación (infraestructura, materiales educativos, etc.), a preguntarse por el nivel de aprovechamiento escolar y los resultados académicos.

Esta focalización en los aprendizajes potencializa las capacidades estudiantiles para ejercer derechos y participar en la sociedad con sentido crítico. Hay evidencias empíricas de que tal mejoramiento de la calidad, unido a la escolarización, pueden ser el mejor catalizador del cambio social y superación de la pobreza, mejorando los niveles de desigualdad y aumentando la productividad y el desarrollo (OREAL, UNESCO, 2014).

Hoy esta visión del derecho a la educación, resalta su carácter multidimensional, incluyendo el desarrollo cognitivo, el creativo, el sicológico y el ético, contribuyendo a los propósitos de los objetivos de paz, la ciudadanía y seguridad, e incorporando los valores culturales y espirituales. En este mismo sentido, se expresa el sexto objetivo del Marco de Acción de Dakar, combinando los resultados cualitativos con los cuantitativos.

Estos avances han sido desiguales en la región, particularmente en nuestro país. Los esfuerzos que realiza el Mined al respecto, son muy limitados en comparación con las necesidades acumuladas y actuales.

Dos énfasis caracterizan el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación en la región: el énfasis en la formación docente, condición indispensable para mejorar los aprendizajes, y el énfasis en la aplicación de pruebas estandarizadas.

La realidad en Nicaragua en este aspecto tiene un carácter particular, en cuanto se debieran retomar un conjunto de aspectos, ya superados por la mayoría de países: aún está pendiente ampliar los indicadores de escolarización, cubrir la amplia brecha existente en las condiciones físicas y equipamiento básico, generar planes sistemáticos y permanentes de formación docente con modelos actualizados orientados a provocar cambios efectivos en concepciones y prácticas, elevar al nivel de educación superior la preparación de docentes de primaria, superar el empirismo de educación media con planes curriculares actualizados y de calidad, y actualizar los currículos de formación preescolar, básica y media, entre otros.

Tres aspectos poco discutidos y profundizados debieran ser considerados con especial atención en el país: los niveles y la calidad de la formación docente, los insumos básicos requeridos y la segregación escolar. Esta segregación representa un aspecto emergente del que no se habla. Una corriente regional que relegaba la importancia de los insumos para mejorar la calidad, en la actualidad está siendo fuertemente superada. En nuestro país, estos aspectos continúan siendo necesarios y básicos para mejorar la calidad.

En este mismo sentido, las profundas desigualdades que presenta nuestro país, están afectando severamente a la educación pública y su calidad. Esta segregación social priva a las escuelas y las excluye de las condiciones promotoras de una mejora de la calidad: docentes mejor preparados, condiciones favorables de convivencia escolar, acceso a materiales educativos, etc. Tal segregación refuerza la inequidad, restringiendo, así, el capital social, económico y cultural de las familias y multiplicándose estos aspectos para los más privilegiados en las escuelas privadas en la misma medida que se reducen para los públicos (OREAL, UNESCO).

Estas inequidades son incompatibles con la aplicación efectiva de la educación como derecho. Más allá de una mirada restringida del mejoramiento de la calidad educativa en términos meramente pedagógicos, también es preciso tomar nota de las consecuencias que provocan estas inequidades sociales, económicas y del desarrollo de Nicaragua, las que trastocan todo propósito de desarrollo humano del país. Es necesario que quienes tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones educativas, tomen en cuenta la trascendencia que esto tiene, y la necesidad de convertir la calidad de la educación, no en un factor de exclusión o segregación, sino de equidad y democratización efectivas.