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Toda comunicación humana es el resultado del asentimiento volitivo entre dos personas. En el ámbito legal la diferencia está en que esta relación original es reforzada por un contenido ético, lo cual da entonces lugar a un compromiso o a un contrato. He aquí, pues, la raíz de todo un andamiaje jurídico que, con el tiempo, habrá de transformarse en el Estado y, por ende, en la filosofía política misma del orden social.

Con respecto a la necesaria participación ciudadana, la creación y supervivencia del Estado implica un compromiso cívico militante y permanente del colectivo a esa dialéctica moral que asegura el mantenimiento de la legitimidad de la República. Y es que esta última se nutre de una dinamia colectiva que opera bajo los auspicios de un Estado de Derecho sin el cual cualquier contrato social es imposible.

De lo anterior se desprende el fenómeno de que, cuando se rebasan los alcances naturales de una Ley, o sea, al romperse las ambiciones políticas y el orden constitucional, el lógico resultado es que el espíritu mismo de la colectividad --que es la argamasa que consolida la estructura del edificio social-- se desquebraja, amenazando con desunir los vínculos que ataban a los ciudadanos en el ámbito moral de lo colectivo. De ahí que preservar el correcto funcionamiento de las leyes dentro del concepto democrático y republicano, es la obligación más grande y urgente de los ciudadanos en su incansable devenir político. De lo contrario, cuando la autoridad, a través de sus máximos exponentes, caen en el soborno y el chantaje, y lo cual trae consigo todo tipo de corrupción en el orden jurídico, éste marca el inicio de la degradación de la naturaleza original de la República hasta que la sociedad misma, arrastrada por la avalancha de una descomposición colectiva generalizada, comienza a retroceder hasta alcanzar la categoría de la horda primitiva, que es lo que se manifiesta en las tumbas desenfrenadas que invaden las calles sembrando la destrucción y el caos.

Desde los comienzos de la civilización, y a través de las edades, este Espíritu del Derecho viene, en una paciente labor incontenible, conformando la cultura humana a la medida en que prepara el pensamiento del hombre para asumir su responsabilidad social ante la historia.

Es desde el antiguo Irán que nos llega la Leyenda de Zarathustra, mago reformador y divinidad iraní, quien, en su organización del orden cósmico-espiritual, sitúa a Mithre, Dios de la Armonía y de la Fidelidad de los contratos, quien determina que, por encima de todas las virtudes está, en lugar prominente, la fidelidad a la palabra dada, a la honestidad y a la equidad, en otras palabras.

Es así como, el pensamiento religioso antiguo, en su afán por reiterar los valores morales y éticos, emplaza al hombre, desde entonces, a ser fiel consigo mismo y a preservar su honor y dignidad como pilar que éste es de una sociedad de cuya responsabilidad colectiva es el supremo garante.

De ahí que cuando vemos ciertos partidos políticos --supuestamente “revolucionarios y transformistas sociales”--, partidos sin derroteros éticamente definidos, que se lanzan, desaforados e inconsecuentes, a la conquista del poder, estaremos siendo testigos, entonces, de una nueva etapa en la que el civismo propio de la cultura republicana se encuentra en serio peligro. Y es que una sociedad que continúa repitiendo los mismos errores crasos de su historia de caer bajo el hechizo demagógico de caciques desfasados y de chamanes idólatras, esta sociedad, decíamos, se encuentra aún en espera de la transformación de una clara conciencia republicana, una conciencia que le garantice un evangelio cívico visionario que lave sus viejas culpas acumuladas y le señale el verdadero camino hacia la libertad de su conciencia colectiva. Esto último ya nos lo dijo reiteradamente nuestro gran pensador y maestro Santiago Argüello desde hace más de 80 años, y hasta ahora nuestra sociedad continúa siendo la misma, atada, como está, a la apatía moral de su propia irresponsabilidad histórica.

Las primeras leyes surgieron como una imperiosa necesidad en la mente del legislador, cuando el ser humano comenzó a transgredir el ordenamiento natural que regulaba su conducta y sus relaciones en una sociedad en formación. Las primeras ”Leyes” o “Reglamentaciones” comenzaron, pues, siendo más bien un elemento psicológico de contención, o de moderación social, a la vez que de coacción (cuando ésta era necesaria) en el proceso de ordenamiento social primitivo. A partir de entonces las leyes han ido multiplicándose y sofisticándose hasta el punto de llegar el ciudadano a considerarlas como un “mal necesario” por cuanto ponen trabas y limitaciones al natural libertinaje humano. Así podríamos decir que, a mayor número de leyes, más imperfecto y sin preparación, resulta siendo el hombre desde la perspectiva ética de su dimensión ciudadana. Lo cual nos lleva, lamentablemente, a la otra conclusión de que el “progreso” de la civilización moderna ha probado convertir al hombre en un ser más frágil y desvalido desde la dinámica perspectiva de un auténtico sentido de cultura humanística.

Y es que las difíciles y contradictorias condiciones bajo las cuales evoluciona el alma de la sociedad, no permiten una regulación efectiva de la educación en vista a garantizar armónicamente el cultivo de una psiquis más acorde con las necesidades y aspiraciones de aquellos hombres que habrán de asumir la responsabilidad de las próximas generaciones.

El hombre, pues, lamentablemente hasta ahora ha probado ser un ser en plena decadencia por su manifiesta incapacidad para ser nutrido por un nuevo sentido de cultura, de un legado ético que, confirmándolo como un ser integral, holístico, le capacite para enfrentar, de manera espartana los nuevos retos que una sociedad convulsionada y en constante transición le presenta a cada paso de su marcha en la historia.

Vemos, entonces, la necesidad impostergable de continuar incrementando leyes cada vez más letales y exigentes para el desarrollo y la preservación de la sociedad, lo cual resalta a primer plano la imprescindible necesidad de contar con la obligatoria integridad del legislador en su función y apostolado, tanto de reglamentador de la Ley como de forzador de la misma, a través de las diversas normativas establecidas por la maquinaria jurídica de los Estados. Es tanta la importancia de su función en la creación, preservación y aplicación de la Ley que podríamos afirmar, sin ningún temor a equivocarnos, que, sin el Legislador, no puede existir la institucionalidad y, en consecuencia, tampoco el concepto y la viabilidad de una República. Sin la Ley solamente existe el caos, en ese precario equilibrio que colinda con el desastre.

Podríamos también afirmar, entonces, en el terreno individual, que el mal legislador o funcionario corrupto, va inclinando el termómetro de la conciencia nacional hacia la desobediencia civil y a la anarquía, al ir fomentando la progresiva relajación de esos lazos éticos que, mediante un sano ordenamiento jurídico, mantenían, armónico y solidario, el organismo social. De ahí que el abominable crimen cometido por ese legislador pertenezca a la categoría capital de lesa patria, por cuanto ese tipo de conducta criminal afecta a todo un conglomerado nacional.

Sin embargo, este hombre de Leyes --supuestamente consagrado a preservar el sistema de Derecho y, en consecuencia, a mantener las garantías del orden social--, muy pocas veces este funcionario está plenamente consciente de la sagrada dignidad de su alto cargo, ya que en la feria de vanidades del mundo suele perder la correcta perspectiva de su misión espiritual y civilista para con la sociedad, al vender su conciencia a los poderosos cegado por el falso orgullo de ostentar, aparatosamente, un alto cargo, o simplemente por un mísero plato de lentejas.

Y es así que, cuando estos “sagrados centinelas de la Ley y del Orden Jurídico y Social” se rinden vergonzosamente ante la indignidad del soborno, prestándose a tergiversar las leyes a favor de causas enemigas de la República y contra los intereses de su propio pueblo, estos funcionarios pasan a ser, automáticamente, unos tristes tránsfugas del Orden Jurídico. Y sucede, entonces, que ese mismo pueblo que hoy se encuentra sufriendo en carne propia por los errores y desafueros de sus funcionarios, mañana habrá de pedir a esos criminales irresponsables cuenta exacta por el dolor, la destrucción, y por toda la sangre derramada por los nuevos mártires de la Libertad y la Justicia. ¡Que cada uno de ellos ausculte, desde ahora, los abismos de su propia conciencia!