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Una de las agencias de rating más conocidas, Standard & Poor´s, está negociando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica una sanción de mil millones de dólares por haber inflado la nota de los paquetes de deuda estructurados que incluían hipotecas subprime, la principal causa de la crisis financiera que arrancó en 2008 en suelo estadounidense.

Como es sabido, entre 2007 y 2008, esta agencia de rating puso nota a paquetes de deuda por un total de 2.8 billones de dólares, cantidad a la que habría que añadir los US$1.2 billones en concepto de seguros por impago para cubrir los activos de alto riesgo. Total, que sin esta calificación desproporcionada, las instituciones financieras probablemente no habrían invertido en dichos paquetes de deuda. Aunque la sanción pueda parecer elevada, hay que tener en cuenta que a Bank of America se le impuso una multa de US$16,650 millones por la manera en que Mrrill Lynch y Countrywide empaquetaron la deuda hipotecaria.

Poco a poco se va rompiendo la impunidad e irresponsabilidad en que han vivido estas peculiares instituciones financieras que, siendo privadas, realizan funciones de interés general. En efecto, las agencias de calificación de los créditos son una parte importante del sistema de mercado. Son instituciones que juegan un papel decisivo en orden a la necesaria confianza que debe reinar en el sistema económico. Su función es de interés general, pues realizan actuaciones consistentes en la calificación de la calidad de la deuda de un Estado, de una empresa, de un determinado producto financiero.

Influyen, pues, de manera determinante, lo estamos comprobando estos días, en los avatares de los mercados de valores de todo el mundo. En el origen de la crisis, provocaron --por culpa de sus desorbitadas calificaciones-- inversiones sin cuento que colapsaron el sistema, tal y como la realidad está acreditando.

Son instituciones privadas que obtienen ganancias con su actividad, lo que se compagina bastante mal con el nervio de su actividad, pues pueden alterar los valores de las empresas, hasta de la deuda de Estados soberanos en poco tiempo. Ahora, gracias a la intervención de las autoridades judiciales, sus veredictos empiezan a ser cuestionados y el halo de irresponsabilidad, irresistibilidad e inimputabilidad de que gozaron en el pasado, puede quedar atrás.

La polémica está servida. Las agencias de calificación deben mudar su régimen. La compatibilidad entre la función de interés general y la obtención de beneficios lesiona la necesaria objetividad que debe presidir sus decisiones. El problema reside en que desde 2008 hasta la fecha, poco o nada --muy poco realmente-- se ha hecho para adecuar estas instituciones a la función que tienen encomendada. ¿Qué más tiene que pasar para que las cosas cambien de verdad? ¿Por qué los poderes financieros siguen deteniendo y obstaculizando cambios y transformaciones que son imprescindibles?