Carlos Tünnermann Bernheim
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Justificadas críticas ha suscitado en la opinión pública del país la sentencia Nº 333, dictada en horas de la noche del día miércoles 5 de diciembre, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en relación con los controversiales Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

Dicha sentencia representa un duro golpe no sólo para la Asamblea Nacional (AN), sino, en general, en contra del Estado de Derecho y la seguridad jurídica de los ciudadanos, al irrespetar, de paso, al propio Poder Judicial, por la forma anómala en que se integró la Sala, contraviniendo acuerdos previos adoptados por todos los magistrados de la CSJ acerca del procedimiento a seguir para integrar Sala, en el caso de ausencia de algunos de sus miembros.

La patética sentencia ha venido a profundizar la crisis de poderes, provocada por el Poder Ejecutivo, al negarse éste a actuar dentro del marco jurídico y las limitaciones establecidas por la Asamblea Nacional en la Ley 612 para el funcionamiento de los Consejos creados por la Presidencia de la República, que no pueden ser parte de la estructura del Estado ni ejercer ninguna función ejecutiva.

Antes que la Sala Constitucional emitiera su sentencia, el Presidente de la República se apresuró a dictar, el día jueves 29 de noviembre de 2007, los decretos 112 y 113, en virtud de los cuales se crean los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano y se reorganiza el Conpes, apartándose de lo establecido en la vigente ley 612. A su vez, la Sala Constitucional de la CSJ procedió a reunirse de manera irregular, el día miércoles 5 de diciembre del corriente, un día antes que apareciera publicada, en “EL NUEVO DIARIO”, del día 6 de diciembre, la Ley 630, que deroga expresamente la facultad del Ejecutivo de crear, por medio de Decretos Ejecutivos, Consejos como estructura del Estado.

Pero la sentencia dictada por la Sala Constitucional tiene defectos de forma y fondo que la hacen “ilegal, ilícita e inexistente”. Bien ha hecho el recién creado “Bloque contra la Dictadura”, integrado por la mayoría de diputados de la AN, de salir en defensa de sus facultades constitucionales, emitiendo una declaración en la que califican de inmoral e ilegal la sentencia que, al admitir un amparo en contra del proceso de formación de la ley, deja a la AN sin el ejercicio libre y soberano de la función legislativa que constitucionalmente le corresponde, con lo cual, en el futuro cualquier proyecto de ley que esté tramitando la AN podrá ser bloqueado sobre la base de este precedente nefasto.

Pero hay más. La sentencia de la Sala fue dictada un día antes de que entrara en vigencia la Ley 630. Y aunque no sabemos si los recurrentes del amparo pidieron en su recurso la declaratoria de inconstitucional de la Ley 630, o si se limitaron a ampararse, la Sala decidió no sólo ampararlos, sino que procedió a declarar “la inconstitucionalidad, en el caso concreto del contenido de toda la Ley 630”, supuestamente por “violar las facultades del Presidente la República de emitir Decretos Ejecutivos y crear los Consejos que considera necesario, etc…”

Pero sucede que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede interponerse “dentro del término de sesenta días, contados desde la fecha en que entre en vigencia la ley, decreto ley, decreto o reglamento”. (Artículo 10 de la Ley de Amparo). Además, el artículo 20 de la misma Ley de Amparo, claramente establece que: “La parte recurrente de un Recurso de Casación o de Amparo podrá alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado”. Al momento en que la Sala dictó su sentencia, la Ley 630 no podía haberse aplicado a nadie, ya que no estaba vigente por la falta de su publicación.

En consecuencia, tenemos que los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la CSJ, no sólo incurrieron en defectos de forma al integrar Sala de manera irregular, lo que ya de por sí anula su resolución, sino que procedieron a convalidar la posibilidad de dar cabida a recursos de amparo en contra del proceso de formación de la ley, algo que expresamente prohíbe el inciso 2 del artículo 51 de la Ley de Amparo. Cualquier sentencia anterior que haya declarado inconstitucional esta disposición sería a su vez nula e inconstitucional, por oponerse al artículo 23 de la Ley de Amparo que, en congruencia con el Artículo 188 de la Constitución, establece que el amparo sólo procede contra “toda disposición, acto o resolución”, dejando por fuera las leyes.

Estamos, pues, en presencia de un caso muy singular, en el que la Sala Constitucional declaró inconstitucional una ley cuando ésta aún no había nacido ni aplicado a nadie. Por lo anterior, consideramos correcta la iniciativa anunciada por el “Bloque contra la Dictadura”, de presentar un proyecto de decreto legislativo para desconocer la resolución de la Sala Constitucional.

Cierto que “los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado”… (Art. 167 Cn.), pero no cuando se dictan sin ajustarse a los procedimientos y a la Constitución, sino a los caprichos del gobernante.