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En las elecciones genérales de 2006, el FSLN obtuvo un 38 % de votos, con dicho porcentaje y producto de las reformas constitucionales de 2005, Daniel Ortega Saavedra, nuevamente llega a la Presidencia de la República. En el Parlamento Nacional, el partido de gobierno alcanzó 38 diputados, ALN, obtiene 25 diputados, el PLC 23, el MRS 5 diputados, de manera que sumando los votos de la oposición, éstos representan 53 diputados (sin incluir al diputado Enrique Bolaños), cantidad que se acerca al voto cualificado de dos tercios, mientras el partido de gobierno se constituye en una minoría política. Con esa correlación de fuerzas la oposición política, cómodamente se creía que podía aprobar las leyes ordinarias que quisiera, pudiendo de esta manera ejercer un control en el Poder Ejecutivo.

Bajo el puente ha pasado mucha agua, han pasado dos años desde que se instaló el gobierno electo, en todo este tiempo se ha confirmado lo que la gente repite en la calle “en Nicaragua el plomo flota y el escorcho se hunde”. En cualquier parlamento de cualquier país denominado democrático, cuando el partido de Gobierno es minoría en el congreso nacional, quien manda, quien impone las pautas, en cuanto a proyectos de leyes, presupuestos, nombramientos de funcionarios públicos, es la mayoría parlamentaria, esto implica que la minoría representada por el Presidente de la República es controlada en su actuar, en sus decisiones políticas que puedan causar perjuicio a los intereses de la nación, de tal suerte que esa minoría se ve obligada a negociar con la mayoría, en otras palabras, en los parlamentos de los que vengo hablando nunca jamás una minoría pasa a mayoría ni la mayoría a minoría.

La oposición política en nuestro país tuvo la primera prueba de fuego cuando el Poder Ejecutivo promovió la desaforación parlamentaria del diputado Bolaños Davis, bajo el argumento de que éste no había renunciado a la nacionalidad Norteamericana. En este caso la oposición se mostró débil y timorata, pues dejó en la indefensión al diputado, a quien al final despojaron de sus derechos de diputado electo ante el parlamento nacional. La segunda prueba fue cuando el Poder Ejecutivo mediante decreto Presidencial institucionalizó los famosos Consejos de Poder Ciudadano (CPC). En esa crisis la oposición fue beligerante, se mantuvo unida, elaboró una ley que proscribía dichos organismos, al final la batalla la ganó el Poder Ejecutivo, para ello instrumentalizó la Corte Suprema de Justicia, quien dictó sentencia declarando nula la ley aprobada por los diputados, por tanto los CPC adquirieron legalidad en todo el país. Hay que mencionar que en la CSJ, la oposición política tiene presencia con ocho Magistrados, sin embargo, aún con esa fuerza la oposición claudicó bajo las presiones de una minoría política, representada por el Poder Ejecutivo.

La oposición en este país está pagando muy caro los errores políticos en que ha incurrido en materia de táctica y estrategia. El gobierno está avanzando y consolidándose en su proyecto de mantenerse indefinidamente en el poder a cualquier costo. Por ejemplo, los diputados opositores, igual como hicieron con el diputado Bolaños Davis, al que dejaron que se lo comieran los leones, hicieron lo mismo con los Partidos Conservador y MRS, ya que de la misma oposición surgieron coautores, cómplices y judas en el despojo de la personalidad jurídica de los dos partidos políticos, de esta manera bajo denuncia de diputados del PLC, el CSE por unanimidad de magistrados electorales liberales y sandinistas decide inhibir a las agrupaciones para que no participen en los comicios municipales. Los CPC, como organismos paraestatales, antes, durante y después de los comicios municipales fueron las fuerzas represivas y de choque utilizadas por el Poder Ejecutivo, para intimidar y amedrentar las manifestaciones y las protestas de la oposición, que por falta de coherencia y de unidad de acción han permitido que el ejecutivo se fortalezca en sus planes, pasando de facto de una minoría política en el parlamento a una mayoría.

El desmoronamiento de la oposición no queda ahí, pues la Constitución Política en el arto. 138, ordinal 30, establece como facultad del Parlamento Nacional: “Ratificar en un plazo no mayor de 15 días hábiles con el voto favorable del 60% del total de diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la República, en ministros de estado, procurador y sub-procurador General de la República, Jefe de Misiones Diplomáticas y... De no producirse la ratificación, el Presidente de la Republica deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro del plazo de treinta días hábiles, debiendo someterse el nuevo procedimiento de ratificación ya establecido”.

Es de sobra conocido que el Presidente de la Republica, en estos dos años, ha venido nombrando jefes de misiones diplomáticas, sin que dichos nombramiento sean sometidos a ratificación, como lo dispone la Constitución, lo más grave de esta situación es que los diputados de la oposición, en forma timorata han aceptado los nombramientos, sin ejercer acciones para parar las violaciones constitucionales del Poder Ejecutivo, cuando lo correcto era desconocer los cargos, obligando al Presidente de la República a que se ajuste a lo consignado en la constitución.

Ahora la crisis política está centrada en el anteproyecto de ley, con la que se pretende anular las elecciones municipales del pasado nueve de noviembre. El parlamento nacional no ha podido sesionar desde el 15 de noviembre, por lo cual está estancada una serie de leyes económicas. De los 53 diputados que tenía la oposición en la Asamblea Nacional, en una intentona de sesión, sólo lograron reunir 45 diputados, por lo cual hay ocho diputados que se convirtieron en tránsfugas, pasándose a las filas del Poder Ejecutivo. Es vox populi que muchos de los diputados desertores, algunos llamados liberales, otros mal llamados de izquierda y otro autollamado cristiano, hoy son diputados oficialistas, siendo reclutados por halagos y cañonazos, haciendo a un lado los supuestos principios que enarbolaban. Lo antes dicho fue confirmado por el propio Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien en un acto público claramente manifestó que algunos diputados se venden al mejor postor.

Hasta tanto el pueblo de Nicaragua no elija como diputados a personas que sean verdaderos representantes del pueblo, que se caractericen por la honestidad y la anticorrupción, que estén listo y preparados para repeler los halagos y los cañonazos, venga de cualquier parte, será entonces que se pondrá un alto a tantos abusos de poder en que con frecuencia incurre en este país el Poder Ejecutivo, se legislará velando por los intereses de toda la nación, es decir resolviendo los graves problemas económicos y sociales que vive la sociedad.

Para lograr esa meta, se precisa cambiar el modelo y sistema de elección que tiene el país, cuando la elección de un diputado se haga por persona y no por plancha partidaria, muchos de los actuales diputados serán expulsados de ese cargo por el voto popular, para no volver nunca más, cuando esto ocurra es posible que nuestra nación inicie el camino del cambio y la transformación, en la que contradictoriamente una minoría política es la que maneja a su gusto y antojo a toda una nación, mientras, irónica y sarcásticamente la mayoría de oposición política asume el triste papel de una ridícula y absurda minoría, con lo cual la voluntad popular está siendo vilmente estafada y engañada por políticos inescrupulosos que cuando llegan al puesto de diputados, el cargo, es decir el voto, lo ponen a la venta al mejor postor por unos cuantos dólares más.


*Abogado y Notario