Jorge Eduardo Arellano
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En cada ocasión en que mi querida Nicaragua se ha encontrado al borde de las tinieblas, me he hecho la costumbre de abrir nuestra Carta Magna para buscar un poco de luz y consuelo.

Hoy nos encontramos ante un claro desacato del mandato expresado por el pueblo en las urnas, y de ello es plenamente responsable el Poder Electoral, al que según el arto. 168 de la Constitución Política le corresponde, en forma exclusiva, la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos. Sin embargo, en el presente caso podemos asegurar que si bien el CSE organizó y dirigió los recientes comicios municipales, resulta evidente que no los vigiló, como era su obligación.

Así, pues, partiendo de esta realidad y procurando encontrar soluciones, vemos que una sección del arto. 48 Cn. establece que: “Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”. Asimismo, el Arto. 50 Cn. estatuye que “(…) Por medio de ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo”. En consecuencia, dos premisas resultan ser verdaderas: a) todo obstáculo que impida la participación efectiva de los nicaragüenses en la vida política debe ser obligatoriamente eliminado por el Estado; y b) es a través de la ley –ordinaria, dado que no se especifica lo contrario– que se puede garantizar tal participación.

Así, pues, nos preguntamos: ¿qué es un flagrante y masivo fraude electoral sino un obstáculo que impide la participación efectiva del pueblo? Por ello, si ponemos en práctica los dos acápites constitucionales mencionadas anteriormente y a la luz del arto. 132 Cn. –el cual expresa que el Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo–, vemos que sí sería legítima y además oportuna la intervención de nuestro Parlamento en esta verdadera crisis nacional. Sin embargo, es preciso aclarar que no proponemos acá que la Asamblea Nacional haga un recuento de votos ni proclame ganadores –actos que sí invadirían las exclusivas atribuciones constitucionales del Poder Electoral–, sino que planteamos que el Congreso debiera limitarse a aprobar una ley ordinaria que declare la nulidad absoluta de las anteriores elecciones y a la vez ordene la realización de unos nuevos comicios municipales. Y léase bien: lo que debe aprobarse es una ley ordinaria y no una ley “marco”, en vista de que no es necesario incurrir en tales aventuras jurídicas si, como lo hemos visto, la Carta Magna brinda suficientes asideros para resolver la actual situación.

Ahora bien, es importante reconocer que la Constitución Política no contiene detalladamente todas las regulaciones que norman el Estado nicaragüense, sino que más bien estatuye los principios fundamentales democráticos que deben regir la actuación de las autoridades constituidas, siendo debido a ello que el arto. 138 numeral 1) Cn. no circunscribe ni delimita de modo restrictivo las materias sobre las que puede legislar la Asamblea Nacional –recordemos el antiguo aforismo lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit, tacuit, o sea que la ley cuando quiso habló y cuando no quiso calló–. Por ello, bastará que el Poder Electoral no asegure la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos para que, como resultado, el Poder Legislativo –como delegatario de la soberanía popular– garantice en su defecto la participación efectiva del pueblo, eliminando cualquier obstáculo inesperado, de acuerdo con el espíritu y la letra de los artículos constitucionales mencionados anteriormente.

Y, sin lugar a dudas, podemos sostener en el presente caso que el CSE ha actuado irregularmente al proclamar de hecho autoridades edilicias sin antes haber mandado a oír a los demás partidos políticos respecto de los recursos de revisión introducidos por la Alianza PLC y, lo que es peor, al ni siquiera haber resuelto dichas impugnaciones en tiempo y forma –es decir, antes de dicha proclamación–, en abierto desacato de los artos. 167, 168 y 171 de la Ley Electoral.

O sea que, repetimos, el Poder Electoral no ha vigilado diligentemente las recién pasadas elecciones municipales, por lo que ahora corresponde a la Asamblea Nacional asegurarse que prevalezcan los supremos intereses de la Nación, dado que la democracia no se puede ordenar por decreto, sino que nace, espontáneamente, en el preciso momento en que los ciudadanos, como iguales, depositamos nuestro voto en la sagrada urna electoral.