Jorge Eduardo Arellano
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De las muchas cosas de las que el legislador penal tendría que avergonzarse, dos son las que más sobresalen: el derecho penal de autor y el establecimiento de la pena de muerte.

¿Quién no ha cambiado de acera cuando ve que a pocos metros de distancia están unos sujetos que “parecen ser pandilleros”? ¿Quién no toma fuertemente su cartera cuando observa que un sujeto “con toda la pinta de ladrón” ha abordado el autobús? Y todo el mundo se pregunta: ¿por qué estos sujetos no están presos? ¡Si basta con verles la pinta! Y hay quienes sugieren incluso los más severos castigos: ¿por qué no se aprueba la pena de muerte?, reclaman los ciudadanos enardecidos ante un acto criminal. Quizá por esta razón estos temas se han puesto nuevamente en discusión.

Debemos decir de entrada que en el derecho penal moderno, no basta con parecer delincuente, es necesario que el sujeto realice un acto catalogado como delito, que se le compruebe y se le declare culpable. Estamos ante un derecho penal del “hecho”. Pero aunque esto nos parezca una cuestión normal, diríamos que básicamente lógica, de que las personas sólo debemos responder de los actos que realizamos, no crean que esto siempre fue así. En un determinado momento de la historia, allá por la década de los cuarenta, en la Alemania nazi, a las personas se les castigaba no por lo que hacían, o por los delitos que cometían, sino por lo que ellas eran o por cómo eran. En otras palabras por ser distintos, por ser judíos, por ser racialmente diferentes, o por que sus costumbres no se ajustaban a las costumbres y sentimientos de la raza dominante en aquel país. Esta es una manifestación del denominado derecho penal “de autor”.

Los penalistas de hoy tenemos que confesar, con una enorme tristeza, una cierta opinión favorable al restablecimiento del derecho penal de autor. Quizá por el repunte de la criminalidad violenta, del crimen organizado, de las maras y pandillas, algunos países han optado por castigar a las personas por lo que parecen ser y han aprobado leyes especiales en las que se castiga con la cárcel y hasta con la muerte a pandilleros, mareros, narcotraficantes, terroristas, marxistas, comunistas, islamistas y extremistas. La cuestión es muy sencilla, no hacen falta otros elementos probatorios, basta con comprobar que el sujeto está en el catálogo de autores anteriormente señalado, algunas veces es tan fácil como comprobar tu raza, otras por el círculo social al que perteneces, por las personas que te visitan o los viajes realizados, o mucho más fácil aún, verificando los tatuajes de tu cuerpo.

No hace falta ahondar demasiado para convencerse de que esta tendencia es absolutamente reprochable. A las personas se nos debe castigar por lo que hacemos y no por lo que parecemos. Castigarnos por matar, robar, violar o falsificar, pero nunca por parecer asesinos, violadores o asaltantes. Estoy absolutamente seguro de que nadie en su sano juicio autorizaría que al Estado se le dispense un poder con tan amplias facultades, en algún caso llega hasta la decisión de si alguien debe vivir o morir, más aún cuando sabemos que en muchas ocasiones “las apariencias engañan”.

Otro de los grandes temas que se discuten hoy día es el relacionado con la pena de muerte. Si bien este tipo de sanción existe desde hace muchos años en diferentes países: Estados Unidos, China, Cuba, Guatemala. La discusión cobra actualidad en países como México, en donde el alto índice de criminalidad violenta ha motivado al legislador a considerar que la pena de muerte es la única salida para contrarrestar un tipo de delincuencia que no tiene ningún respeto por la ley y por la vida.

Quienes se muestran a favor de la pena de muerte argumentan que es la única sanción que asegura que la persona condenada, por razones obvias, no volverá a delinquir. Que, en tanto el Estado no deberá encargarse de la manutención, seguridad y eventual tratamiento del condenado; resulta una pena que económicamente es menos costosa que la pena de prisión y, finalmente, que se trata de una pena que se corresponde con lo que el entorno social demanda.

Son varias las razones que nos llevan a rechazar por completo la aprobación y aplicación de la pena de muerte. En primer lugar, porque está comprobado que su aplicación no disminuye el índice de criminalidad. En segundo lugar, porque tampoco disminuye las consecuencias económicas de la privación de libertad, una persona puede pasar muchos años en el “corredor de la muerte”. En tercer lugar, porque puede ser utilizada para eliminar a adversarios políticos. Y en cuarto lugar, porque no existe manera de remediar los casos de error judicial. Se imagina usted notificándole a alguna persona que a su pariente lo “ejecutaron” por error. ¡Qué vergüenza!
*Profesor de Derecho Penal UCA
Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá, España