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Como epidemia puede catalogarse el hecho que en 2014 hayan ingresado a las estadísticas de personas con discapacidad 142 trabajadores, por sufrir amputaciones/accidentes en su centro laboral, que los convierten en incapacitados totales. Son parte del 10.5-12% de ciudadanos del país. Más de 600,000.

La Ley 763 o Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades de personas con discapacidad contempla en su reglamentación acciones que eviten incrementar los riesgos inherentes a cualquier actividad laboral. Riesgos de accidentes y también de enfermedades.  

Las discapacidades, según la clasificación médica internacional, pueden ser congénitas o adquiridas (prevenibles);  físicas, mentales y sensoriales. Las causas pueden ser también variables: accidentes, riesgos profesionales, por conflictos bélicos, entre otras.

Llama la atención el titular del sábado 31 de enero, en este mismo medio de comunicación, de la alta incidencia de accidentes laborales, generadores de más personas con discapacidad, que pasarán a ser responsabilidad económica del Seguro Social y de sus familias.

La carencia de un programa de Medicina e Higiene Ocupacional en el Ministerio de Salud desde hace más de 25 años, por razones inexplicables, ha permitido que no se cumplan las recomendaciones que en materia de dicha especialidad deban ejecutarse en los diferentes centros de trabajo. Las enfermedades y riesgos ocupacionales son inherentes a cualquier tipo de actividad, sean físicas, intelectuales o de otro tipo, y van desde simple fatiga física o mental (estrés) hasta cáncer. La calidad de vida entonces es inadecuada.

A manera de ejemplos: obreros de la construcción que no usan medios de protección personal (cascos, guantes, máscaras con filtros para diferentes riesgos, arneses, etc.); operarios que desempeñan labores durante varias horas de pie, como cajeras, vigilantes, que presentan trastornos circulatorios a corto tiempo con complicaciones como úlceras y hasta amputaciones; trabajadores expuestos a contaminantes como plomo, fibras en textileras; hasta trabajadores expuestos a periodos prolongados en tareas rutinarias desmotivadoras y sin estímulos verbales, de interacción con otras personas, como los que realizan vigilancia (CPF). Todos presentan diferentes riesgos de desarrollar  patologías, no solamente físicas (como las amputaciones) sino de la esfera psicológica (ansiedad, depresión).

Cuando se habla de riesgos y enfermedades laborales, casi siempre se enfoca desde el punto de vista económico, de las pérdidas que produce a la empresa o institución que contrata al trabajador y a la Seguridad Social (INSS), en materia de costos de pensión, pero no se aborda desde el punto de vista de trabajador afectado, de su calidad de vida y de su familia. Se reemplaza, como una pieza más del engranaje de una máquina y se resuelve el problema. La familia tiene que ver lo que hace.

A propósito del problema de falta de opciones para los bachilleres, que no logran conseguir cupo por no pasar el filtro, deberían ofertarse carreras en el campo de la higiene y seguridad ocupacional, de duración corta (2-3 años) para que pasen a desempeñar responsabilidades en el cuido de la masa laboral ocupada. Ya existió dicha experiencia en la década de los 80 en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Baste retomarla.

El pretexto de carecer de fuerza laboral calificada debe quedar atrás. Es necesario formar, capacitar y entrenar a todo recurso que se integre a cualquier actividad generadora de bienes o servicios. El empirismo debe ser cuestión del pasado. Insumos existen suficientes.

Pensar en nación obliga a diseñar políticas públicas que persistan en el tiempo, no para periodos de gobiernos sino para desarrollo sostenible y permanente.