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Es muy preocupante, bajo criterios de control, la reciente política del INSS de ser pagador de las pensiones a los miles de jubilados, sustituyendo el rol especializado de banquero, asignado por Ley al Sistema Financiero Nacional.

Son los bancos en todo el mundo los que administran y distribuyen el medio circulante, para lo cual deben hacerlo tomando las medidas de seguridad y control pertinentes, no sólo en cuanto a coberturas con empresas de seguro, sino en cuanto a la construcción de bóvedas y sistemas de vigilancia especiales, los cuales el INSS carece por no ser una institución bancaria especializada.

No importara tal cambio si los pagos a los jubilados continuarán haciéndose a través de cheque y no pagados en CASH o EFECTIVO. Esto implica mantener fondos líquidos en cantidades considerables, sin ningún tipo de protección y sujetos a ser desviados por interpósito persona, sea interna o externa. Ningún sistema de control podrá ser efectivo, teniendo que verificar firmas para pagos en efectivo. La virtud del cheque implica un control cruzado. Por un lado, el INSS se satisface de hacerle entrega personal o apoderado legal, y por otro lado, la institución bancaria sólo podrá pagarlo al beneficiario del cheque mismo.

Es inadmisible que la Contraloría General de la República y el Auditor Interno y Gerente Financiero del INSS, la misma Junta Directiva del INSS, las diversas Asociaciones de Jubilados, lo mismo que la Procuraduría de Justicia, no detengan este sistema de pago OBSOLETO. Es como retroceder al tiempo que no existían las instituciones bancarias.

Si lo que se deseaba es un “mejor servicio” a los jubilados entregándoles en efectivo sus pensiones, lo cual no está demostrado en la práctica, ya que las filas son interminables, lo que se da paso es a facilitar condiciones para un GRAN FRAUDE.

En un inicio los fondos fueron depositados en una cuenta corriente o de ahorro en un banco. Uno disponía de su libreta de ahorro y sabía que todos los meses, en un mismo día, ya estaban acreditados sus fondos y podía retirarlos en cualquier momento o dejarlo depositado, protegidos de la inflación y ganando intereses. Incluso ahora se pueden utilizar los cajeros automáticos, distribuidos en diversos puntos de cada ciudad y poder hacer retiros en cualquier día y hora.

Con este sistema automático de acreditación y pago a través de los bancos se logra agilizar los pagos y el INSS estaría garantizando un mejor servicio, sin riesgos implícitos, y sin tener que hacerlas de banquero, lo que no les corresponde.

Adicionalmente a lo anterior, no se estarían incrementando inversiones por remodelaciones y ampliaciones de locales para poder sustituir a los bancos, sin llegar al mínimo necesario para garantizar un adecuado control al manejo de fondos líquidos, tarea muy delicada para cualquier administración que se precie de ser eficiente y eficaz.

A todo lo anterior, hay que agregar el mal uso que se viene haciendo de las reservas técnicas del INSS, incorporando jubilados que NUNCA han cotizado ni cumplimentado los requisitos de Ley, para favorecer políticas populistas y demagógicas. Las reservas técnicas del INSS son exclusivamente propiedad de los asegurados, quienes con su propio esfuerzo, vienen contribuyendo, semana por semana, con aportes propios y patronales, hasta poder acumular lo suficiente para garantizar sus pensiones.

Si el gobierno de turno desea extender pensiones a no cotizantes, estos fondos deben salir del Presupuesto General de la República, si acaso el presupuesto se estira para ello. De lo contrario no debieran MANOSEAR fondos AJENOS.

En forma tal que llegado el caso dichas “reservas técnicas” sean agotadas, deberá ser el mismo Presupuestos General de la República el que deberá PAGAR el atraco de que ha sido objeto, por la autorización de pensiones ilegales.

A todo lo anterior debemos adicionalmente rechazar los nombramientos de los miembros de su Junta Directiva, desde su mismo Presidente Ejecutivo, no sólo en esta administración, sino de todas ellas. En la forma en que está constituida facilita el abuso de poder que ostenta el Presidente Ejecutivo, la nula presencia de los miembros de la Junta Directiva, facilitando el terreno para todo tipo de abusos, como lo hemos visto desde las administraciones anteriores hasta la que está vigente. Ya vemos ahora lo que está pasando en Argentina, cuando un Poder Legislativo no toma las medidas adecuadas para proteger los intereses de los miles de trabajadores asegurados.

*Egresado Fundador de la UCA
Especialista en finanzas & negocios
jdgomez@cablenet.com.ni

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