Francisco Bautista Lara
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La seguridad ciudadana puede determinarse en una ecuación de cuatro variables: i) desarrollo humano, ii) cultura social, particularmente en abordar los conflictos de convivencia, iii) equidad socio-económica, y iv) fortalecimiento institucional.

Es el riesgo objetivo y subjetivo de ser afectado por la delincuencia; incluye la percepción de amenaza por delitos y la probabilidad real que la delincuencia afecte a la persona y bienes. Está integrada por cuatro componentes: i) hechos delictivos, ii) respuesta institucional, iii) percepción de hechos y iv) confianza socio-institucional. Los dos primeros son objetivos, los otros, subjetivos. Las personas se sienten más o menos seguras, no solo por la disminución de delitos, sino por todos los componentes cuyo impacto son inseparables a la seguridad ciudadana, integral en su dimensión humana.

Refirámonos a la ecuación inicial. La primera variable, la más amplia, estima relación directa entre seguridad y desarrollo, incluye las condiciones de vida de las personas. La segunda variable, cultura social, la manera en que los habitantes interpretan y abordan sus conflictos cotidianos, cómo se interrelacionan los individuos, la actitud indiferente o solidaria, la convivencia comunitaria; el comportamiento colectivo reproduce actitudes, desconfianzas y temores. La tercera variable, equidad socioeconómica, distribución justa de la riqueza, acceso a oportunidades; la violencia persistente en Latinoamérica por las desigualdades extremas: principal obstáculo para la “democracia” y el “estado social de derecho”. La cuarta variable, fortalecimiento institucional de la seguridad y la justicia, genera confianza por su efectividad, profesionalismo y transparencia.

Se cometen frecuentes, errores de “respuesta” ante la violencia delictiva en Honduras, El Salvador y Guatemala, o ante el repunte ocasional en Nicaragua o Costa Rica, enfocar acciones para sustituir jefes o despliegues espectaculares no duraderos, sin cambiar estructuras, procedimientos ni políticas, crear leyes sin capacidad de aplicarlas ni modificar la cultura, no cambiar ni incidir en la raíz del problema.

Aunque el fortalecimiento institucional es indispensable para la paz y la seguridad, debemos ser conscientes que una variable, no determina por sí que la seguridad ciudadana mejore, se requiere abordar con entereza los otros factores. Si mejora el desarrollo humano, si la distribución de la riqueza y el acceso a oportunidades es equitativa, si se influye desde la comunidad, escuela y comunicación en una nueva cultura de convivencia y tolerancia, la seguridad mejorará, será duradera, no “aparente” ni intermitente.

Es un fenómeno sociopolítico cambiante, lo que se haga bien repercutirá en el futuro, es consecuencia de decisiones y procesos históricos político-económicos y socio-culturales. Aunque el desarrollo humano en cuatro países del norte de Centroamérica es similar, Nicaragua tiene fortaleza en algunos aspectos sociales e institucionales que permiten mejor seguridad. Costa Rica, con alto desarrollo humano, tiene el mejor potencial para la seguridad de las personas y bienes. Si descuidamos el fortalecimiento institucional, si la riqueza no se distribuye con equidad, no mejora el desarrollo humano ni influye en la cultura social, la seguridad se enrumbará hacia el deterioro.

Ni la policía es responsable absoluta de la inseguridad ciudadana del país, ni tiene el mérito total por la seguridad alcanzada. Ello no quita responsabilidad en coadyuvar, según su obligación, en ser parte de la solución y no del problema; deber del Estado por el bien común. No “maquillemos instituciones”, transformemos comportamientos y estructuras excluyentes para que tengamos la oportunidad de vivir y desarrollarnos en paz.

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