Gustavo Adolfo Vargas
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A dos meses de haber iniciado su segundo mandato, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta acusaciones de corrupción en Petrobras, el gigante paraestatal petrolero; el plan del gobierno fue hacerla lo más grande posible. Esta le condujo al escándalo político y a efectuar cambios administrativos, tal situación amenaza a otras compañías y podría arrastrar al país a la recesión.

Petrobras produce más del 90% del petróleo del país, es dueña de las refinerías de la nación, administra más de 3,300 kilómetros de oleoductos, incluyendo la cadena más grande de gasolineras.

Se estima que a través de sus propias operaciones y subcontratistas proporciona cerca del 10% de la producción económica brasileña. Estaba considerada la mejor entre las acciones de primera categoría, sus bonos eran referente para todas las empresas. Sin ella, otras compañías no utilizarían el mercado de bonos.

En el frente macroeconómico, los resultados son peores de lo esperado, las dificultades son más evidentes con el resultado en las cuentas fiscales de 2014 y las implicaciones económicas de un escándalo de corruptela en Petrobras, que afecta las expectativas para este año 2015.

La inflación repunta a causa de los esfuerzos del gobierno por realinear precios y tarifas congelados durante la campaña de 2013, para controlar presiones inflacionarias tras las manifestaciones en el país.

Petrobras es un eje en las cadenas de producción y suministro, sus problemas quizás se extiendan al sector de la construcción; posiblemente alcancen otros sectores, a través de una compleja red de proveedores y empresas ligadas a otras que tienen nexos con esta, hasta llegar al sector financiero, planteando riesgos sistémicos a la economía brasileña.

Tales efectos en cascada han paralizado al país: la extrema incertidumbre frena los negocios, retrasa los flujos de inversión tanto internos como externos, incidiendo negativamente en el sentir del consumidor. Es la primera vez que la confianza decae tanto, reflejándose en exiguas cifras de ventas al menor en los dos primeros meses del año.

El sentimiento general se inclina más hacia lo peor, según evidencia la encuestadora Datafolha, más de 80% de los brasileños prevén que la inflación este año seguirá ascendiendo; más del 70% creen que el desempleo incrementará y los salarios decrecerán.

La popularidad de Rousseff se ha desmoronado en apenas tres meses, su tasa de rechazo creció del 24 a más del 40%. Más de la mitad de la población la responsabiliza de los problemas de Petrobras, creyéndola incapaz de manejar las consecuencias del escándalo. Los llamados a juicio político han ganado impulso, aunque tal posibilidad sigue siendo remota.

En el plano político, Rousseff parece acorralada. Por primera vez desde que el Partido de los Trabajadores (PT) asumió el poder en 2003, la tasas de credibilidad del Gobierno cayeron al punto más bajo en la mayoría de las regiones del país.  

Ello se extiende al noreste, considerado por mucho tiempo el bastión principal de votantes del PT, una de las regiones más pobres, y de las que más sintieron el impacto de los programas sociales adoptados desde que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) asumió el cargo hace 12 años.

La principal agrupación en la coalición gobernante de Rousseff, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), parece volverse contra ella, la Cámara de Diputados está armando la revuelta sobre las medidas de ajuste fiscal. Por si fuera poco, dichas medidas han contribuido a aislarla dentro de su propio partido, el PT.

El histórico escándalo de corrupción, que estalló en Petrobras, ha hecho temblar a la coalición de gobierno, amenazando la economía del país más grande de Sudamérica.  Tras una jornada de gran tensión en el centro político de Brasilia, la lista revelada es impresionante: 49 personas citadas, 47 de ellas autoridades en funciones o exfuncionarios.

Riesgos crecientes y frágil liderazgo, son la peor combinación que Brasil está afrontando en esta desafiante encrucijada.