Humberto Cárdenas Bermúdez / Docente
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Recientemente en Costa Rica, se originó una controversia diplomática que ha ocupado las páginas centrales de los portales noticiosos de la región.

El punto de discusión nace cuando el ahora destituido Embajador Federico Picado, jefe de misión diplomática de Costa Rica ante Venezuela expresara públicamente que defiende las potestades extraordinarias otorgadas por el Legislativo al presidente Maduro en materia de seguridad, ante la declaración emitida por el presidente estadounidense Barack Obama, que definió a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. De igual forma el Embajador Picado sostuvo que en Venezuela existe libre tránsito en el quehacer de la prensa y que los desabastecimientos de productos se deben, en parte, a esfuerzos del gran comercio por desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro.

Partiendo de lo comentado se hace necesario estudiar el caso a partir de lo que establece el Derecho Internacional, el Derecho Diplomático y la lógica común, sin ánimo alguno de fijar una postura en lo que respecta a la coyuntura política actual que vive Venezuela.

La consecuencia inmediata que generó las afirmaciones del Embajador tico ante Venezuela fue que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica cesara a  Federico Picado como Embajador ante el país sudamericano.

En primer punto es necesario identificar la postura de Política Exterior de Costa Rica hacia Venezuela, misma que fue fijada en la última reunión de la OEA celebrada el pasado 19 de marzo para abordar la situación internavenezolana. En este encuentro diplomático los portavoces de Costa Rica Canciller Manuel González Sanz, y embajador ante la Organización de Estados Americanos OEA, Pablo Barahona Krüger, expusieron la posición de su pais ante el organismo multilateral, llamando al diálogo entre Estados Unidos con Venezuela, pero al mismo tiempo inclinándose evidentemente en respaldo al país del Norte, apoyo que es visible en las líneas de lo afirmado por los altos diplomáticos costarricenses,  de manera general llamaron al equilibrio democrático del poder, a que se amplíen condiciones para que la oposición venezolana accione, y se postularon como un actor dispuesto a propiciar pláticas entre los diferentes sectores de la sociedad venezolana.

Siendo ampliamente evidente que hay discrepancias entre la proyección oficial del Estado ante la OEA, y las declaraciones divergentes vertidas por el destituido embajador ante el país Sudamericano.

En segundo punto hay que recordar que un embajador, es el agente diplomático que representa al Estado que lo nombra ante otro Estado, siendo indiscutible que como jefe de misión se convierte en el portavoz oficial del país acreditante ante el país receptor, en este punto la costumbre internacional es clara en el sentido que los diplomáticos deben mantener una posición independiente y neutral en relación a la vida política del Estado Receptor.

Adicionalmente es menester mencionar que el Embajador es un representante de Estado y sus declaraciones difícilmente podrán ser separadas entre el funcionario público que es y el individuo como ciudadano independiente, en el entendido que en carácter de Representante Diplomático detenta la ejecución de la política exterior ante el Estado que está acreditado.

Finalmente en virtud de la taxatividad de la norma “Reglamento al Estatuto de Servicio Exterior de Costa Rica”, que prohíbe a los embajadores, en su artículo 11 inciso 21, emitir juicios en calidad personal a través de medios de comunicación sobre temas relacionados con su trabajo, o sobre política internacional o asuntos internos del Estado receptor, que puedan comprometer a su país, sin la autorización expresa de su superior jerárquico, haberlo cesado del cargo es correcto.