Manuel Espinoza
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No es un imposible abordar el tema del despido del embajador costarricense en Venezuela, Federico Picado Gómez,  tras haber expresado a un diario local su opinión positiva sobre la libertad de prensa en ese país, las acciones justificadas del presidente venezolano en función gobernar por decreto hasta fin del año para defender a su país ante una inminente agresión norteamericana.

El canciller de Costa Rica expresó que la decisión fue “difícil”, pero que el diplomático violó un artículo del Reglamento del Servicio Exterior “que prohíbe  emitir opiniones sobre temas que no hayan sido previamente consultados”.

Lógicamente cada institución y país es soberano en la aplicación de sus leyes, normas y estatutos internos y ahí no habrá retórica que valga. Pero, no se deja de percibir un grave error de cálculo profesional  o una intención ilustrada política en quienes tomaron esa decisión, que ponen en tela de duda las relaciones de Costa Rica con Venezuela.

Tal vez habría que partir desde la lógica básica, que impera al enviar a un emisario diplomático al país receptor y que bajo un serio análisis deja entrever una postura no muy correcta por parte de Costa Rica.

Al estudiar Diplomacia, desde tiempos antiguos y medievales vemos que se enviaban como representantes diplomáticos desde comerciantes hasta familiares de la Corte y en tiempos modernos a personeros ligados a los gobiernos de turno e inclusive en “exilio-político” a aquellos que puedan hacer contrapeso estando y participando activamente en la vida política del país.

Lógicamente hay muchas otras consideraciones por qué enviar a alguien al exterior. Cuando realmente se desea promover la relación bilateral con otro Estado, se envían como diplomáticos a algunos nacionales con cierto nivel de vínculo con el Estado receptor. Sean estos de localidad, familiar, negocios y hasta por la  especialización en ese país o su región si es un profesional de las Relaciones Internacionales.

Las razones básicas se estipulan en los documentos que norman las relaciones diplomáticas bilaterales, como la Convención de Viena de 1961, por citar un ejemplo. En esta  se establece en el artículo 3, inciso d), que entre las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en: “enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante”;  e). fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor”.

Por eso no es raro, que el embajador haya expresado la realidad que él ha observado en Venezuela. Lo raro aquí es porque su inmediata destitución y de esta acción administrativa muchas interrogantes surgen.

¿El embajador era de carrera o de nuevo ingreso? como para poder medir su experiencia. ¿Si era nuevo, fue bien instruido de lo que podía o no decir y cuándo hacerlo? ¿Por qué despedirlo y no aplicarle llamados de atención verbal, escrito o convocarlo a la sede central para su respectiva reprimenda? ¿En fin a quien no le gustaron las afirmaciones positivas sobre Venezuela en ese país?

La diplomacia es algo muy sutil y requiere de acciones con mucho tacto. Bajo esa premisa las acciones de todo Estado con respecto a otro se analizan en una dimensión estratégica de seguridad nacional. ¿Qué conclusiones tendrán los venezolanos de este incidente interno en la diplomacia costarricense? ¿Qué pensarán del próximo embajador, que envíe Costa Rica a Caracas? Desde ya como decimos en buen nica, el próximo emisario costarricense va con los pies hinchados y tendrá mucho trabajo para vender una mejor imagen de las intenciones de su país para con el Estado venezolano.

De ahí, que  la acción costarricense contra su propio embajador se vea como parte de la conducta del coro de países que se alinean a los EE.UU. en su afán de desestabilizar a Venezuela y en contra de una mayor integración Sur-Sur.