Manuel Urquidi
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Los medios de comunicación han estado dedicados en los últimos meses a contarnos cómo el precio del petróleo está bajando: un barril vale ahora menos de la mitad que el año pasado. A ello hay que añadirle la amenaza de que los precios de los minerales sigan cayendo, lo que hace que las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe se vean cada día menos halagadoras.

Muchas personas en nuestra región dependen directa o indirectamente en su trabajo de los precios de las materias primas, ya que bastantes economías de nuestros países viven en buena medida de ellas. El escenario ha cambiado: los elevados precios que estos últimos años posibilitaron más gasto social y una mayor inversión pública han quedado atrás.

¿Qué cambia con la bajada del petróleo? Paradójicamente, un descenso de estos precios como el que venimos observando también genera nuevos empleos y, por ello, también tiene su lado positivo. El problema subyace en el hecho de que las habilidades de los grupos que pueden quedarse sin empleo no suelen ser las mismas que se demandan para los nuevos trabajos. Por ello, el mayor riesgo es que las tasas de desempleo se incrementen. Ante esto, ¿qué pueden hacer los gobiernos e instituciones públicas para ayudar?

Si analizamos la situación que propicia la caída del precio del petróleo, existe un paralelismo interesante con lo que sucede cuando en los países se aplican los tratados de libre comercio (TLC).

Un TLC genera nuevos empleos, pero también destruye otros. En ese contexto existen programas como el STAA (Strenghtening Trade Adjustment assistance) de Estados Unidos, dedicado al reajuste del mercado laboral. Estos programas ofrecen apoyo económico a los trabajadores desplazados, al mismo tiempo que los empujan a obtener mediante capacitación nuevas habilidades en los sectores que están generando nuevos empleos.

Se trata de reconvertir a quienes han quedado desempleados para que puedan encontrar acomodo en nuevos empleos.

* Especialista del BID