Jorge Eduardo Arellano
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Recientemente el doctor en Derecho y diputado Edwin Castro Rivera presentó el libro “Parlamentarización del Sistema Político Nicaragüense” (INEJ, 2008), el cual contiene una precisa “Propuesta de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua”, que en relación al Poder Ejecutivo (Arto. 144 Cn) propone su separación en las funciones de un presidente electo por voto popular directo y con facultades reducidas; y un primer ministro electo por la Asamblea Nacional y con facultades más amplias para ejercer la administración pública, y apoyado en un gabinete, también electo por la Asamblea Nacional, ante la cual son responsables por su actuar personal y político.

No es del caso discutir en este momento los detalles, pros y contras, del contenido y alcance de la reforma propuesta, pues confiamos que habrá suficiente oportunidad para hacerlo.

Sí vale llamar la atención sobre la propuesta del diputado Edwin Castro y proponer un esfuerzo de análisis y discusión sobre la misma, dado que tendrá que ser presentada en 2009 para conocimiento de la Asamblea Nacional que, por mandato constitucional, no podrá aprobarla definitivamente, sino hasta la legislatura que iniciará a partir del diez de enero de 2010, además de una amplia consulta, habrá que considerar la posibilidad de un referendo para someter a la voluntad popular la última palabra sobre el cambio de nuestra forma tradicional de gobierno.

En todo caso y con el afán de aportar al conocimiento, análisis y discusión del tema, reproduzco una cita del ensayo titulado “Cambio político y reforma constitucional” que publicara el entonces ministro de Justicia de Chile, Francisco Cumplido, y que a la letra dice:
“El sistema de gobierno se encuentra sometido a un profundo proceso de revisión en América Latina. El presidencialismo tradicional de la región, con la simultaneidad de la jefatura del estado y la jefatura de gobierno, y una vasta gama de poderes y atribuciones, difícilmente controlables por la constitución, es objeto de profundo cuestionamiento. Si bien el sistema parlamentario clásico no goza de consenso ni parece adaptarse a las realidades de nuestros países, lo cierto es que una mayor sujeción parlamentaria del presidente y la creación de la figura del primer ministro con algunas atribuciones independientes atinentes a la jefatura del gobierno, constituyen fórmulas que hoy se estudian afanosamente en función de modificar el esquema del presidencialismo predominante. El sistema semipresidencial, con sus diversas variantes, donde el presidente elegido por sufragio universal se acompaña de un primer ministro y un gabinete responsable ante el Parlamento, surge, entonces, como la clave de orientación de los sistemas de gobierno del futuro en América Latina. Al unísono se idean fórmulas que otorguen mayor responsabilidad política a los altos funcionarios del Estado, incluso al presidente de la República, como ‘válvulas’ que canalicen las crisis políticas agudas, sin perturbar la institucionalidad, como son los casos del juicio político y el referéndum revocatorio” (Ciedla, 2000).

El sistema parlamentario clásico se originó en Inglaterra y, 800 años después, continúa funcionando bajo la modalidad de la monarquía, que ha venido desempeñándose como jefe de Estado inglés con funciones protocolarias. El gobierno lo ejerce un primer ministro que origina su poder y representatividad al ser electo miembro del Parlamento en elecciones distritales y proporcionales. Los miembros del Parlamento eligen al primer ministro, ya sea por ser jefe del partido con mayoría o por consenso de alguna coalición de partidos. En este caso el sistema monárquico facilita la diferenciación de la dualidad en el sistema parlamentario: jefe de Estado, la reina, y jefe de gobierno: el primer ministro.

Pero otros países como Francia, Alemania, Italia e Israel establecen un sistema parlamentario, pero presidencial, con un presidente, electo por voto popular, y el primer ministro, electo por sus colegas parlamentarios.

El sistema presidencial surge hace unos 230 años con la creación del Sistema Federal de Gobierno por las colonias inglesas del Norte de América, sistema que fuera utilizado como modelo de organización jurídico–político para las ex provincias de Centroamérica al momento de la plena independencia.

Presidencialismo que, a lo largo de nuestra historia, nos ha dado expresiones de concentración absoluta del poder, acompañadas de una afición desmedida por permanecer en el mismo. Violentando tanto el principio republicano de la división de los poderes, pues en épocas de concentración de poder las funciones legislativas y judiciales han estado sujetas al Poder Ejecutivo; como el principio de la no-reelección inmediata que ha estado presente, salvo en dos constituciones, en el ordenamiento constitucional nicaragüense.

En otros momentos el Poder Legislativo ha sido instrumento temporal del control o limitación en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Lo que ha provocado crisis de confrontación de ambos poderes con consecuente paralización del gobierno general.

Hechos como los señalados han ocurrido en nuestro acontecer político reciente, lo que ha dado lugar al cuestionamiento de la validez y pertinencia del sistema presidencial, por lo que se plantean como alternativas:

i) Reformar el sistema presidencial realizando reformas constitucionales que hagan más transparente el ejercicio de tal función, incorporando medidas de responsabilidad política tanto para el presidente como para sus ministros. Incluso el mecanismo del referendo revocatorio, que significaría la separación del cargo ante muestras de ineptitud, corrupción o falta de cumplimiento de la promesa electoral.


ii) Sustituir el sistema presidencial por la forma de gobierno parlamentario-presidencial.


Este tema, de importancia para el ordenamiento futuro del país, debe enmarcarse en la búsqueda de una estabilidad política que facilite el desarrollo de nuestros sistemas productivos para generar nuestra propia riqueza y reducir, en forma más eficaz, los actuales índices de pobreza que afectan a la mayoría de los nicaragüenses.

No hay que olvidar que las leyes y las instituciones no son suficientes para el ordenamiento pacífico de una sociedad, y que lo más importante es la actitud humana de la elite política en especial.

Esperamos que se genere un foro amplio de discusión sobre estos temas, pues sólo una población informada puede generar opiniones e incluso tomar la decisión final al momento de auscultársele en un referendo sobre la oportunidad y conveniencia de un cambio en la forma de gobierno que ha venido normando la vida institucional de Nicaragua.


*Secretario Nacional PRN